Comienza el juicio contra el joven alcoholizado que atropelló y abandonó a Daniel Miranda

Este viernes a las 9 horas, el Juzgado de Sentencia en lo Penal, Correccional y Contravencional y de Ejecución Penal de la ciudad de San Luis comenzará a juzgar a Emiliano Hernán Muñoz, el automovilista que el 30 de mayo de 2019 cruzó en rojo la intersección semaforizada de Bolívar y Maipú, y atropelló a Daniel Miranda, que transitaba en su motociclista. La Fiscalía pidió dos años y medio de prisión e inhabiilitación para manejar por dos años.

Por este hecho, Muñoz, de 23 años, llegará al debate oral y público acusado de “lesiones culposas agravadas en accidente de tránsito en concurso real con el delito de falsa denuncia”.

La última imputación se debe a que luego de impactar la motocicleta de 1500 cilindradas, se retiró de la escena para denunciar el robo de su vehículo marca Chery.

Además, la prueba de alcoholemia realizada por personal de Accidentología Vial arrojó que Muñoz conducía con 1,87 gramos de alcohol por litro de sangre, es decir, casi tres veces más de lo permitido.

Por estos delitos, el fiscal de la causa, Ricardo Roche, solicitó que se condene al acusado a la pena de dos años y seis meses de prisión e inhabilitación especial para conducir por dos años. En caso de que le den esa pena a Muñoz, el joven no irá a la cárcel.

La audiencia se realizará en la Sala de Debates Nº 2, ubicada en el segundo piso de Tribunales, y estará a cargo de la jueza Laura Molino, quién será asistida por la secretaría del juzgado, María Eugenia Gatica.

En tanto, Santiago Olivera Aguirre será el defensor de Muñoz, mientras que Cristóbal Ibáñez será el abogado de Graciela del Valle, la particular damnificada en representación de su hijo Daniel Miranda. Para la jornada se prevé la declaración de 19 testigos.

Vale recordar que los jueces de Sentencia en lo Penal, Correccional y Contravencional y Ejecución Penal actúan en el conocimiento y decisión, por el procedimiento previsto en las leyes procesales, en las causas por delitos cuya pena máxima fijada no supere los cuatro años de prisión y/o reclusión.

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