El Congreso de la República ha sido objeto de atención debido a la considerable suma de dinero que destina anualmente a bonificaciones y asignaciones para sus trabajadores. Según informes recientes, el Legislativo reparte más de S/276 millones al año en pagos extras, lo que ha suscitado un debate sobre la transparencia y la justificación de estos beneficios.
Cada trabajador del Congreso, sin incluir su salario mensual y gratificaciones de julio y diciembre, recibe bonificaciones y asignaciones que suman aproximadamente S/80.460 al año. Este monto se ha actualizado a través de un convenio colectivo firmado entre el Legislativo y el Sindicato de Trabajadores del Congreso de la República (Sitracon). La mayoría del personal parlamentario, que se encuentra bajo el régimen 728, se beneficia de estas asignaciones.
Uno de los pagos más destacados es la “bonificación especial extraordinaria por cierre de pliego”, que asciende a S/20.000 y se otorga en enero. Este pago se estableció en la Convención Colectiva de Trabajo del período 2024-2025, firmada en noviembre de 2023. Además, en enero, los trabajadores también reciben un bono por escolaridad, que equivale a un sueldo completo, independientemente de si tienen hijos o no.
El bono por escolaridad es un punto de controversia, ya que otras entidades del Estado se rigen por un decreto supremo que establece un límite de S/400 para este concepto. Sin embargo, el Congreso, al estar bajo el régimen de la actividad privada, no está sujeto a esta limitación. Esto ha llevado a críticas sobre la falta de equidad en la distribución de recursos entre las diferentes entidades del Estado.
Además de estos beneficios, el convenio colectivo también incluye un aumento de S/200 a la bonificación extraordinaria mensual, que actualmente es de S/2.530. Esto se traduce en un total de S/30.360 al año. Otros beneficios incluyen un aguinaldo navideño de S/1.700, un bono de vestimenta anual de S/2.000 y un monto mensual de S/2.200 para alimentación, que se calcula en base a S/100 por 22 días de trabajo.
El secretario general del Sitracon, Tulio Vizcarra, ha defendido estos beneficios, argumentando que son el resultado de negociaciones colectivas y que están justificados debido a la falta de pago por horas extras. Según Vizcarra, los trabajadores del Congreso deben capacitarse constantemente, lo que justifica la necesidad de estos beneficios económicos.
Sin embargo, algunos congresistas han expresado su preocupación por la magnitud de estos pagos. Carlos Anderson, un congresista no agrupado, ha señalado que el incremento en el presupuesto del Congreso se ha visto influenciado por la práctica de repartir bonos, lo que ha generado un “incentivo perverso” en la gestión de recursos. Patricia Chirinos, de Renovación Popular, ha añadido que estos beneficios pueden ser una forma de reciprocidad política, ya que muchos trabajadores del Congreso están vinculados a partidos políticos que buscan mantener el apoyo de sus bases.
La falta de supervisión y rendición de cuentas en la gestión del presupuesto del Congreso ha sido otro punto de crítica. Algunos expertos sugieren que se debería realizar una auditoría para evaluar la justificación de estos beneficios y su impacto en el presupuesto estatal. Julio Palomino, un abogado laboralista, ha señalado que la fijación de estos montos podría perjudicar el presupuesto del Estado y a los ciudadanos que financian estos pagos.
El presupuesto inicial del Congreso para el año en curso destinado al pago de sueldos y beneficios al personal activo supera los S/923 millones. Este monto incluye los pagos por escolaridad, que han sido modificados en función de las negociaciones con el Sitracon. La cantidad desembolsada para este concepto ha alcanzado los S/29’067.263.
En medio de este contexto, el presidente del Congreso, Eduardo Salhuana, ha manifestado su intención de revisar el bono por escolaridad, lo que podría indicar un cambio en la política de beneficios del Legislativo. Sin embargo, la discusión sobre la transparencia y la equidad en la distribución de recursos en el Congreso continúa, y muchos ciudadanos esperan una mayor claridad sobre cómo se gestionan estos fondos públicos.
