La presidenta Dina Boluarte ha presentado un recurso ante el Poder Judicial para solicitar la anulación de una denuncia constitucional en su contra, relacionada con la desactivación de un equipo policial que apoyaba al Equipo de Fiscales Contra la Corrupción en el Poder (Eficcop). Esta denuncia fue formulada por la Primera Fiscalía Suprema en lo Penal el 7 de noviembre de 2024, acusándola de varios delitos, entre ellos encubrimiento personal agravado y abuso de autoridad.
La defensa de Boluarte argumenta que la fiscalía ha vulnerado sus derechos al declarar en secreto las declaraciones de dos agentes encubiertos, conocidos como “René” y “Carlos”. A través de su abogado, Juan Carlos Portugal, la mandataria ha solicitado que se excluyan estas declaraciones del caso y que se devuelva el expediente al Ministerio Público para que se formule una nueva denuncia sin estos testimonios.
La denuncia original sostiene que Boluarte, en su calidad de presidenta, habría tomado medidas para proteger a su hermano, Nicanor Boluarte, involucrado en el Caso Los Waikys en la Sombra, y que habría obstaculizado las investigaciones fiscales. En este contexto, la defensa ha cuestionado la legalidad de las disposiciones fiscales que llevaron a la declaración secreta de los testimonios, argumentando que esto ha afectado su derecho a una defensa adecuada.
El juez supremo Juan Carlos Checkley se encargará de resolver el pedido de la presidenta, notificando a las partes a través de su casilla electrónica. En la audiencia, el fiscal supremo adjunto Hernán Mendoza defendió la decisión de la fiscalía de declarar en secreto las declaraciones, argumentando que era necesario para proteger el material probatorio y evitar interferencias en la investigación.
Mendoza explicó que las disposiciones fiscales se emitieron en cuadernos separados, uno para los agentes encubiertos y otro para las declaraciones de otros testigos. Aseguró que no se habían concretado actos de investigación en el cuaderno de agentes encubiertos, lo que significa que no se había llevado a cabo ningún acto que pudiera afectar el derecho de la defensa de Boluarte.
La controversia se centra en si la declaración secreta de los testimonios es válida y si ha afectado el derecho de la presidenta a defenderse adecuadamente. La defensa sostiene que la falta de acceso a estos testimonios ha limitado su capacidad para cuestionar la evidencia presentada en su contra.
En el marco de este caso, también se ha mencionado la situación del ministro del Interior, Juan José Santiváñez, quien enfrenta investigaciones por presunta influencia en el Tribunal Constitucional. La fiscalía ha solicitado que se rechace su pedido de acumular las investigaciones en su contra, argumentando que se trata de hechos distintos y que su solicitud es un intento de evitar colaborar con la justicia.
La situación de Boluarte y Santiváñez refleja un clima de tensión política y judicial en el país, donde las acusaciones de corrupción y abuso de poder están en el centro del debate público. La resolución de estos casos podría tener implicaciones significativas para la estabilidad del gobierno de Boluarte y su capacidad para continuar en el cargo.
A medida que avanza el proceso judicial, la atención se centra en cómo se desarrollarán los acontecimientos y qué decisiones tomará el Poder Judicial en relación con las solicitudes de la presidenta y del ministro. La defensa de Boluarte ha enfatizado la importancia de garantizar un juicio justo y transparente, mientras que la fiscalía defiende la legalidad de sus acciones en el marco de la investigación.
