El Congreso de la República ha sido objeto de críticas tras la reciente entrega de un bono por escolaridad que, sorprendentemente, ha beneficiado a trabajadores que no tienen hijos en edad escolar. Este bono, equivalente a un sueldo completo, fue otorgado en enero y ha generado un gasto total que supera los S/25 millones, solo considerando a los 3,382 trabajadores del régimen 728, que representa la mayoría del personal del Parlamento. Además, se ha informado que los pensionistas también recibieron este beneficio, aunque los congresistas no están incluidos en esta asignación.
La controversia se intensifica al considerar que el bono por escolaridad fue creado en 1985 con el objetivo de ayudar a los servidores públicos y profesores que tenían hijos menores en edad escolar. Sin embargo, desde 2004, la justificación para su entrega ha desaparecido de los textos normativos, permitiendo que cualquier trabajador del Congreso acceda a este beneficio, independientemente de su situación familiar.
El secretario general del Sindicato de Trabajadores del Congreso (Sitracon), Tulio Vizcarra, defendió la entrega del bono, argumentando que los fondos pueden ser utilizados por los trabajadores para su propia capacitación y estudios. Esta justificación ha sido cuestionada por expertos, quienes señalan que el nombre del bono debería reflejar su verdadero propósito, sugiriendo que debería ser denominado como un bono educativo o de formación, en lugar de escolaridad.
Por su parte, el secretario general del Sindicato de Trabajadores del Poder Legislativo (Sitrapol), Franklyn Falla, también defendió la práctica, indicando que el bono ha existido desde hace años y que su entrega es parte de los derechos laborales de los trabajadores del Congreso. Sin embargo, la falta de fiscalización y control sobre estos beneficios ha sido un punto de crítica constante.
La expresidenta del Parlamento, Mirtha Vásquez, ha señalado que la normalización de estos pagos desproporcionados es resultado de la disponibilidad de recursos en el Legislativo y la falta de supervisión. Según ella, los derechos laborales se han convertido en privilegios, y la decisión de otorgar beneficios depende de la administración de la Mesa Directiva del Congreso.
El actual presidente del Parlamento, Eduardo Salhuana, ha manifestado su intención de revisar el tema, reconociendo que la entrega del bono se basa en un acuerdo de negociación colectiva. Sin embargo, la situación plantea interrogantes sobre la transparencia y la equidad en el uso de los recursos públicos.
La legislación actual establece que los servidores públicos pueden recibir un monto máximo de S/400 por escolaridad, pero el Congreso, al estar bajo un régimen laboral distinto, tiene la capacidad de definir sus propios límites y beneficios. Esto ha llevado a una serie de cuestionamientos sobre la legitimidad de los pagos y la necesidad de una supervisión más estricta.
Expertos en derecho laboral han sugerido que el Congreso debería estar bajo la supervisión de la Ley Servir, que establece lineamientos claros para la asignación de beneficios y salarios. La falta de regulación ha permitido que el Congreso adopte prácticas que no se alinean con las normativas establecidas para otras entidades del Estado.
La controversia en torno al bono por escolaridad es un reflejo de las tensiones existentes en el ámbito político y administrativo del país. La percepción de que los trabajadores del Congreso gozan de privilegios en comparación con otros servidores públicos ha alimentado el descontento y la desconfianza hacia las instituciones.
En un contexto donde la transparencia y la rendición de cuentas son más importantes que nunca, la situación del bono por escolaridad en el Congreso plantea preguntas sobre la equidad en el uso de los recursos públicos y la necesidad de reformas que aseguren un manejo más responsable y justo de los beneficios laborales.
