La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso de Perú ha llevado a cabo una sesión reservada para discutir el Caso Rolex, que involucra a la presidenta Dina Boluarte y al gobernador regional de Ayacucho, Wilfredo Oscorima. Esta decisión de realizar la sesión a puertas cerradas fue solicitada por el abogado de Boluarte, Juan Carlos Portugal, quien argumentó la necesidad de privacidad en el proceso. La solicitud fue firmada por la propia presidenta, lo que llevó a la presidenta de la subcomisión, María Acuña Peralta, a declarar la sesión como reservada, retirando a los periodistas de la sala.
Durante la sesión, que contó con la presencia de 16 congresistas, se discutieron las acusaciones que pesan sobre Boluarte, quien es señalada por el Ministerio Público como presunta autora del delito de cohecho pasivo impropio. Esta acusación se basa en la supuesta recepción de tres relojes Rolex, así como joyas de oro, como donaciones de Oscorima, a cambio de beneficios para la región de Ayacucho.
La denuncia fue presentada por el Ministerio Público en mayo de 2024 y ha desencadenado una serie de investigaciones que incluyen allanamientos en la vivienda de Boluarte y en el Palacio de Gobierno. En este contexto, la presidenta ha reconocido que los relojes no eran de su propiedad, sino que los consideró un «préstamo» de Oscorima. La fiscalía sostiene que Boluarte actuó de manera dolosa al aceptar estos regalos, lo que podría haber influido en decisiones administrativas que beneficiaron al gobernador regional.
El Caso Rolex ha generado un gran interés mediático y político, dado el perfil de los involucrados y las implicaciones legales que podrían surgir. La situación se complica aún más por el contexto político actual en Perú, donde la confianza en las instituciones y los líderes es un tema candente. La subcomisión tiene la tarea de evaluar la gravedad de las acusaciones y determinar si se debe proceder con un juicio político contra la presidenta.
Además de la atención mediática, el caso ha suscitado reacciones diversas entre los partidos políticos y la ciudadanía. Algunos sectores han expresado su preocupación por la posibilidad de que la corrupción se instale en los niveles más altos del gobierno, mientras que otros defienden a Boluarte, argumentando que las acusaciones son parte de una estrategia para desestabilizar su administración.
La subcomisión también ha sido objeto de críticas por la falta de transparencia en sus procedimientos. La decisión de sesionar a puertas cerradas ha sido vista por algunos como un intento de ocultar información y evitar el escrutinio público. Sin embargo, los defensores de esta medida argumentan que es esencial para proteger la integridad del proceso y la confidencialidad de las pruebas que se presenten.
El futuro de la presidenta Boluarte y su administración podría depender en gran medida de los resultados de esta investigación. Si se determina que hay suficiente evidencia para proceder con un juicio político, esto podría llevar a una crisis de gobernabilidad en el país. Por otro lado, si se concluye que las acusaciones son infundadas, podría fortalecer la posición de Boluarte y su capacidad para gobernar.
En el contexto de la política peruana, donde los escándalos de corrupción han sido recurrentes, el Caso Rolex se suma a una larga lista de controversias que han marcado la historia reciente del país. La atención ahora se centra en cómo se desarrollará esta investigación y qué implicaciones tendrá para el futuro político de Perú.
