Recientemente, el Congreso de Perú aprobó en primera votación un texto que modifica el Código Penal y la ley que regula el derecho de rectificación. Esta decisión ha generado una ola de críticas por parte de diversas organizaciones de prensa y derechos humanos, que advierten sobre el impacto negativo que esta norma podría tener en la libertad de expresión y de información en el país.
La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), junto con otras entidades como la Sociedad Nacional de Radio y Televisión (SNRTV) y el Comité para la Protección de Periodistas (CPJ), han emitido un comunicado conjunto en el que expresan su preocupación por las implicaciones de esta ley. Según estas organizaciones, la norma está diseñada para amedrentar a periodistas y comunicadores, ya que agrava las penas por delitos de calumnia y difamación, especialmente en el contexto de investigaciones sobre presuntos delitos cometidos por funcionarios públicos.
Uno de los puntos más controversiales de la ley es el aumento de las penas privativas de libertad, que podrían llegar hasta cinco años, así como la imposición de multas de hasta 365 días. Además, se otorga a los jueces la facultad de imponer reparaciones civiles a favor del querellante, lo que podría llevar a un uso abusivo de esta normativa por parte de aquellos que se sientan agraviados por la cobertura mediática.
Otro aspecto que ha generado rechazo es la inclusión del delito de violación a la intimidad dentro del tipo jurídico de la difamación. Esta modificación es considerada antijurídica por las organizaciones, que argumentan que podría ser utilizada para silenciar a los medios de comunicación que informan sobre casos de corrupción o mala conducta de funcionarios.
Además, la ley propone reducir el tiempo para atender solicitudes de rectificación a solo un día, en lugar de los siete días que establece la legislación actual. Esta medida es vista como un recorte severo a los derechos de defensa y al debido proceso, ya que limita la capacidad de los medios para responder adecuadamente a las demandas de rectificación.
Las organizaciones firmantes del comunicado han instado al Congreso a reconsiderar esta propuesta, argumentando que no se ajusta a los estándares internacionales de derechos humanos establecidos por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). En su opinión, la ley, bajo el pretexto de proteger derechos fundamentales, en realidad busca restringir la libertad de prensa y el derecho de la ciudadanía a estar informada.
El contexto de esta aprobación se da en un momento en que el país enfrenta serios desafíos en términos de libertad de expresión. La SIP ha señalado que existe un deterioro significativo de estas libertades en Perú, lo que ha llevado a un clima de autocensura entre los periodistas y medios de comunicación. La preocupación es que esta nueva ley podría agravar aún más la situación, creando un ambiente hostil para el ejercicio del periodismo.
La reacción de la comunidad periodística y de derechos humanos ha sido contundente. Se han convocado manifestaciones y se han realizado campañas de sensibilización para alertar a la población sobre los peligros que representa esta legislación. La defensa de la libertad de prensa se ha convertido en un tema central en el debate público, y muchos ciudadanos están tomando conciencia de la importancia de proteger este derecho fundamental.
En resumen, la reciente aprobación de la ley que regula el derecho de rectificación ha suscitado un amplio rechazo por parte de organizaciones de prensa y derechos humanos en Perú. Las modificaciones propuestas son vistas como un intento de silenciar a los medios y limitar la libertad de expresión, lo que podría tener consecuencias graves para la democracia y el acceso a la información en el país. La comunidad internacional también está atenta a este desarrollo, y se espera que la presión sobre el Congreso continúe en los próximos días.
