La reciente adjudicación de un contrato de S/13,8 millones para la reparación de la avenida Morales Duárez, que conecta con el nuevo aeropuerto Jorge Chávez, ha suscitado una serie de cuestionamientos sobre la transparencia y la legalidad del proceso de selección del consorcio encargado de la obra. Este consorcio, conocido como Conservador Faucett, está integrado por la empresa española Fuertetupa S.L. y Ares Servicios Global S.A.C., pero ha sido objeto de sanciones y controversias que ponen en duda su idoneidad para llevar a cabo el proyecto.
La elección de este consorcio se realizó de manera directa por parte de Provías Nacional (PVN), la entidad ejecutora del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), el 25 de octubre de 2024. Sin embargo, el mismo día, el Tribunal de Contrataciones del Estado (TCE) había inhabilitado a Fuertetupa por incumplimientos en proyectos anteriores, lo que plantea serias dudas sobre la legalidad de la contratación.
La obra en cuestión es crucial, ya que la avenida Morales Duárez es una de las vías principales que facilitará el acceso al nuevo terminal aéreo. Según el contrato, la obra debía completarse en un plazo de 90 días, pero ya se han reportado retrasos significativos. La falta de justificación para la contratación directa también ha sido un punto de crítica, ya que no se ha demostrado adecuadamente la existencia de un «hecho extraordinario e imprevisible» que justificara esta decisión, un requisito esencial según la normativa de contrataciones del Estado.
Además de las irregularidades en la selección del consorcio, se ha revelado que el representante de Fuertetupa, Carlos Espinoza Malvaceda, tiene antecedentes penales, incluyendo requisitorias por hurto agravado. Esta situación ha generado preocupación sobre la capacidad del consorcio para cumplir con los estándares requeridos para un proyecto de tal envergadura.
La empresa Fuertetupa ha enfrentado problemas en el pasado, incluyendo la presentación de documentación falsa en licitaciones anteriores. En un caso reciente, se descubrió que la empresa había proporcionado información errónea sobre su experiencia previa, lo que llevó a la anulación de un contrato que había ganado. A pesar de estos antecedentes, PVN decidió otorgar el contrato a este consorcio, lo que ha generado críticas sobre la falta de un proceso de selección riguroso.
El MTC ha defendido la decisión de PVN, argumentando que la urgencia de la obra justificaba la contratación directa. Sin embargo, expertos en contrataciones públicas han señalado que este tipo de decisiones deben ser cuidadosamente evaluadas para evitar la corrupción y asegurar que se seleccionen a los contratistas más capacitados.
La situación se complica aún más por la falta de claridad en la comunicación entre las entidades involucradas. Mientras que el MTC sostiene que el consorcio estaba habilitado para contratar en el momento de la firma del contrato, los informes del TCE indican lo contrario, lo que genera confusión y desconfianza en el proceso.
La obra de la avenida Morales Duárez es fundamental no solo para el acceso al nuevo aeropuerto, sino también para la mejora de la infraestructura vial en la región. Sin embargo, la controversia en torno a la selección del consorcio y los antecedentes de sus integrantes plantea serias dudas sobre la capacidad de este proyecto para avanzar sin contratiempos.
En medio de esta situación, la comunidad y los usuarios del aeropuerto esperan que las autoridades tomen medidas para garantizar que las obras se realicen de manera transparente y eficiente, evitando así futuros problemas que puedan afectar el desarrollo de la infraestructura necesaria para el crecimiento del país.
