El clima de inseguridad en Perú ha llevado a la presentación de tres mociones de censura contra el ministro del Interior, Juan José Santiváñez, en el Congreso. Esta situación se ha intensificado tras el reciente asesinato del cantante Paul Flores, integrante de la orquesta Armonía 10, lo que ha generado un clamor por medidas más efectivas en la lucha contra la delincuencia.
Las mociones fueron presentadas el 17 de marzo de 2025, y cada una proviene de diferentes grupos parlamentarios. La primera, impulsada por Susel Paredes del Bloque Democrático Popular, cuenta con 37 firmas de respaldo y critica la falta de acciones concretas para enfrentar la ola de criminalidad que afecta al país. Según datos del Sistema de Información de Defunciones (Sinadef), se han reportado 79 homicidios en solo 17 días de este año, con Lima destacándose como la región más afectada.
La segunda moción fue presentada por la Bancada Socialista, liderada por Jaime Quito, quien también expresó su preocupación por la creciente inseguridad y la necesidad de que el Congreso actúe en respuesta a las demandas de la ciudadanía. Esta moción cuenta con 33 firmas de apoyo y busca que la mayoría parlamentaria no ignore el sufrimiento del pueblo ante la delincuencia.
Por su parte, la tercera moción proviene de Renovación Popular, liderada por el congresista Diego Bazán, quien argumenta que las medidas implementadas hasta ahora no han dado resultados satisfactorios. Esta moción, que también ha sido respaldada por 35 firmas, se elaboró tras una evaluación de las acciones del ministerio desde febrero de 2025.
La situación de inseguridad ha llevado a diversas regiones del país a declarar estados de emergencia, con el objetivo de contener la violencia. Sin embargo, los resultados no han sido los esperados, lo que ha alimentado el descontento entre los ciudadanos y ha llevado a los legisladores a exigir cambios en la gestión del ministro Santiváñez.
El asesinato de Paul Flores ha sido un catalizador para estas mociones de censura, ya que ha puesto de manifiesto la falta de protección y seguridad que sienten muchos peruanos. Paredes ha señalado que el ministro parece estar más presente en el Congreso que en su despacho, lo que ha generado críticas sobre su compromiso con la seguridad pública.
La presión sobre Santiváñez no es nueva; anteriormente, otros grupos parlamentarios también habían intentado censurarlo sin éxito. Sin embargo, la reciente ola de violencia y el clamor popular por una respuesta más efectiva han renovado los esfuerzos para destituirlo. La situación actual plantea un desafío significativo para el gobierno de Dina Boluarte, que enfrenta críticas no solo por la inseguridad, sino también por la calidad de la educación y otros problemas sociales.
A medida que las mociones avanzan en el Congreso, se espera que el debate sobre la seguridad ciudadana y la gestión del ministro del Interior se intensifique. La respuesta del gobierno y del propio Santiváñez será crucial para determinar si logrará mantener su puesto o si el Congreso decidirá actuar en consecuencia ante la creciente presión pública y política.
