El Tribunal Constitucional (TC) de Perú se prepara para una audiencia pública programada para el 3 de abril, donde se abordarán dos demandas de inconstitucionalidad relacionadas con la Ley 32130. Esta ley, que modifica el Código Procesal Penal, otorga a la Policía Nacional del Perú (PNP) la facultad de realizar investigaciones preliminares de delitos, una función que anteriormente correspondía exclusivamente al Ministerio Público.
La primera demanda de inconstitucionalidad fue presentada por el Colegio de Abogados de Huaura, que argumenta que la nueva normativa infringe principios fundamentales del debido proceso y la separación de poderes. La segunda demanda, interpuesta por la fiscal de la Nación, Delia Espinoza, también cuestiona la legalidad de la ley, sugiriendo que la PNP no debería asumir funciones que son inherentes al Ministerio Público.
La Ley 32130 establece que, aunque la PNP puede llevar a cabo investigaciones preliminares, será el fiscal quien defina la estrategia jurídica. Esto implica que la PNP debe colaborar con el Ministerio Público y mantenerlo informado sobre las diligencias realizadas. Sin embargo, la preocupación radica en si esta colaboración puede comprometer la independencia del Ministerio Público y su capacidad para actuar sin interferencias.
La audiencia se llevará a cabo en la sede del TC en San Isidro y será transmitida en línea, permitiendo que el público y los interesados sigan el desarrollo de los alegatos. Los abogados que deseen participar en la audiencia podrán presentar solicitudes para hacer uso de la palabra, lo que refleja un proceso abierto y transparente.
El TC, presidido por Luz Pacheco Zerga, está compuesto por un grupo diverso de magistrados que tienen la responsabilidad de evaluar la constitucionalidad de la ley. Este proceso es crucial, ya que la decisión del TC podría sentar un precedente importante sobre el alcance de las funciones de la PNP y el Ministerio Público en el sistema de justicia peruano.
La Ley 32130 ha generado un intenso debate en la sociedad peruana, especialmente en el contexto de la creciente preocupación por la seguridad y la eficacia de las investigaciones criminales. Algunos sectores argumentan que otorgar a la PNP más poder en la investigación de delitos podría mejorar la respuesta del Estado ante la criminalidad, mientras que otros advierten sobre los riesgos de abusos de poder y la falta de supervisión adecuada.
En este contexto, es fundamental que el TC considere no solo los aspectos legales de la ley, sino también sus implicaciones prácticas en la administración de justicia. La independencia del Ministerio Público es un pilar esencial para garantizar un sistema judicial justo y equitativo, y cualquier cambio en la estructura de poder entre las instituciones debe ser cuidadosamente evaluado.
La audiencia del 3 de abril representa una oportunidad para que los actores involucrados en el sistema de justicia expongan sus puntos de vista y preocupaciones. La decisión del TC no solo afectará la aplicación de la Ley 32130, sino que también influirá en la percepción pública sobre la confianza en las instituciones encargadas de la seguridad y la justicia en el país.
En resumen, la discusión sobre la Ley 32130 y su constitucionalidad es un reflejo de los desafíos que enfrenta el sistema de justicia en Perú. La audiencia del TC será un momento clave para determinar el futuro de la investigación penal en el país y el equilibrio de poderes entre la PNP y el Ministerio Público. La sociedad civil, los abogados y los ciudadanos en general deben estar atentos a los desarrollos de este caso, ya que sus repercusiones podrían ser significativas para el estado de derecho en Perú.
