La presidenta Dina Boluarte ha solicitado al Poder Judicial que se desestime la posibilidad de que su historia clínica sea divulgada, en el marco de una investigación fiscal en su contra. Este pedido se realizó durante una audiencia virtual el pasado 4 de abril en el Juzgado de Investigación Preparatoria de la Corte Suprema. La investigación se centra en presuntas omisiones de actos funcionales y abandono de cargo, relacionados con una intervención quirúrgica a la que se sometió en 2023.
Boluarte argumenta que la divulgación de su información médica podría violar su derecho a la privacidad. Durante la audiencia, la mandataria se opuso a que el médico Mario Cabani y otros profesionales de la Clínica Sanna revelen detalles sobre su tratamiento, alegando que esto constituiría un abuso de poder por parte de las autoridades judiciales.
En su defensa, Boluarte tomó la palabra para desvirtuar las acusaciones de abandono de cargo, afirmando que la noticia sobre su cirugía fue utilizada como una distracción por Alberto Otárola, exprimer ministro, para desviar la atención de las imputaciones en su contra. Según la presidenta, Otárola confirmó ante el Ministerio Público que ella no había abandonado sus funciones, lo que contradice la tesis fiscal.
La presidenta también defendió su decisión de someterse a la cirugía, asegurando que no le generó incapacidad para ejercer su cargo. Afirmó que la intervención fue planificada de tal manera que no afectaría su desempeño como presidenta. Además, Boluarte criticó al Ministerio Público, acusándolo de no perseguir delitos concretos, sino de buscar cualquier indicio que le permita avanzar en la investigación.
Durante la audiencia, Boluarte solicitó que se mantenga la confidencialidad de su historia clínica, argumentando que la divulgación de esta información no solo es innecesaria, sino que también podría tener repercusiones en su salud y en su capacidad para ejercer el cargo. El médico Mario Cabani, quien estuvo presente en la audiencia, expresó su disposición a colaborar con la justicia, pero también subrayó la importancia de respetar el secreto profesional.
La defensa de Boluarte, representada por sus abogados, argumentó que la Constitución no establece la obligación de informar al Congreso sobre intervenciones médicas, lo que refuerza su posición de que no hubo abandono de cargo. Además, consideraron que no es necesario levantar el secreto médico, dado que los hechos en cuestión ocurrieron después de la intervención quirúrgica.
La situación legal de Boluarte es compleja y está enmarcada en un contexto de tensiones políticas y judiciales. La presidenta ha enfrentado diversas acusaciones desde que asumió el cargo, y su defensa se centra en deslegitimar las acusaciones en su contra, al tiempo que busca proteger su privacidad y derechos como mandataria.
La audiencia, que se llevó a cabo de manera virtual, fue breve, durando aproximadamente dos horas, y estuvo compuesta por un grupo reducido de participantes, incluidos representantes del Ministerio Público y médicos de la Clínica Sanna. La decisión del juez supremo Juan Carlos Chekcley sobre la solicitud de Boluarte aún está pendiente, y se espera que tenga un impacto significativo en el desarrollo de la investigación.
Este caso pone de relieve las tensiones entre el poder judicial y el ejecutivo en Perú, así como las implicaciones de la salud de un líder en su capacidad para gobernar. La situación de Boluarte es un reflejo de los desafíos que enfrenta su administración en un entorno político cada vez más complicado, donde las acusaciones y las investigaciones son moneda corriente en el discurso público.
