La situación de la congresista María Acuña, representante de Alianza para el Progreso (APP), ha generado controversia tras revelarse que se niega a pagar una deuda tributaria de aproximadamente S/ 3 millones a la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (Sunat). Esta deuda se origina de un negocio inmobiliario en Chiclayo, específicamente en la urbanización El Santuario, donde Acuña adquirió 117 lotes de terreno como parte de un acuerdo de dación en pago por un préstamo no devuelto de 300 mil dólares.
Según informes, Acuña habría otorgado un préstamo a Teresa Vílchez López, quien, al no poder devolverlo, le transfirió los terrenos. Posteriormente, Acuña y su esposo fundaron la empresa Inmobiliaria Los Alizos, aportando los lotes como capital. En un corto período, el valor de estos terrenos se disparó de 300 mil dólares a casi S/ 7 millones, lo que ha despertado sospechas sobre la naturaleza de la transacción.
La Sunat notificó a Acuña en 2020 sobre la obligación de pagar impuestos relacionados con estas operaciones, calculando que la deuda total, incluyendo multas e intereses, asciende a S/ 3 millones 319 mil. Desde entonces, la congresista ha evadido el pago, argumentando que las notificaciones no llegaron a sus domicilios legales. Sin embargo, la Sunat ha refutado esta afirmación, indicando que las notificaciones fueron enviadas a su domicilio fiscal y real, y que Acuña había solicitado reuniones para discutir el asunto.
Acuña ha visitado la Sunat en varias ocasiones, pero sus argumentos han sido desestimados. Actualmente, ha optado por llevar el caso al Tribunal Fiscal, buscando una revisión de la decisión de la Sunat. En declaraciones recientes, Acuña afirmó desconocer la situación actual de la deuda, alegando que la gestión de la empresa inmobiliaria depende de un nuevo gerente general.
El abogado tributarista Klever Espinoza ha comentado que la legislación peruana permite a una persona transferir un máximo de dos bienes inmuebles como aporte de capital sin pagar impuestos. Sin embargo, la transferencia de 117 propiedades por parte de Acuña podría calificar como una enajenación a título oneroso, lo que implicaría la obligación de pagar impuestos.
La controversia en torno a Acuña no solo ha suscitado críticas sobre su manejo de las finanzas, sino que también plantea preguntas sobre la ética de los funcionarios públicos en el manejo de sus negocios personales. La situación se complica aún más por el hecho de que Acuña ocupa un cargo de relevancia en el Congreso, siendo presidenta de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales.
A medida que la situación se desarrolla, la atención pública se centra en cómo Acuña manejará esta crisis y si podrá resolver su deuda tributaria. La presión sobre ella aumenta, no solo por la cantidad adeudada, sino también por el impacto que esto podría tener en su carrera política y en la percepción pública de la integridad de los funcionarios electos.
El caso de María Acuña es un recordatorio de la importancia de la transparencia y la responsabilidad en el manejo de los asuntos públicos y privados de los representantes políticos. A medida que se espera una resolución, el público y los medios de comunicación continúan observando de cerca los acontecimientos relacionados con esta controversia tributaria.