La situación de las cárceles en Perú ha alcanzado niveles críticos, con un hacinamiento alarmante que pone en riesgo la vida y la salud de miles de reclusos. Según datos del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), el país cuenta con más de 94,000 internos, mientras que la capacidad total de las prisiones es de apenas 41,000. Esta sobrepoblación, que supera los 53,000 internos, ha llevado a que el Tribunal Constitucional (TC) emita una sentencia que exige medidas urgentes para abordar esta crisis.
El fallo del TC, emitido en mayo de 2020, estableció que si en un plazo de cinco años no se adoptaban medidas efectivas para solucionar el hacinamiento, las cárceles más sobrepobladas deberían cerrarse. Esta decisión fue impulsada por un hábeas corpus presentado por un interno que denunciaba condiciones inhumanas en su lugar de reclusión. La sentencia no solo se centró en el caso individual, sino que abordó el estado de cosas inconstitucional que afecta a un gran número de internos en el sistema penitenciario.
Las cifras son alarmantes. En enero de este año, el INPE reportó que 49 de las 68 cárceles en el país estaban sobrepobladas. Las más críticas incluyen la cárcel de Callao, con un 488% de sobrepoblación, y Castro Castro, donde los internos duermen en los pasillos debido a la falta de espacio. Esta situación ha llevado a que el TC exija el cierre de seis penales que no pueden recibir más internos hasta que se resuelva el problema del hacinamiento.
La falta de acción por parte del gobierno ha sido objeto de críticas. Marianella Ledesma, expresidenta del TC y ponente del fallo, enfatizó que las sentencias deben cumplirse y que el Ministro de Justicia podría enfrentar responsabilidades penales si no se toman las medidas adecuadas. La presión sobre el actual Ministro, Eduardo Arana, ha aumentado, especialmente con el vencimiento del plazo establecido por el TC en mayo de este año.
Desde el 2020, el gobierno ha intentado abordar el problema, pero los avances han sido limitados. Aunque se han inaugurado algunos pabellones y se han iniciado obras para nuevos penales, la situación sigue siendo crítica. La falta de infraestructura adecuada y la escasez de recursos han obstaculizado los esfuerzos para mejorar las condiciones en las cárceles.
El impacto del hacinamiento no solo afecta a los reclusos, sino que también tiene repercusiones en la seguridad pública. Con un sistema penitenciario colapsado, las cárceles se han convertido en focos de criminalidad, lo que agrava la situación de inseguridad en el país. La falta de rehabilitación y reintegración de los internos contribuye a la perpetuación del ciclo del crimen.
La situación se complica aún más por la creciente ola de violencia y criminalidad en el país, que incluye extorsiones y asesinatos. La falta de control en las cárceles ha permitido que grupos criminales operen con impunidad, lo que plantea un desafío significativo para las autoridades. La necesidad de una reforma integral del sistema penitenciario es más urgente que nunca.
La respuesta del Ministerio de Justicia ha sido criticada por su lentitud y falta de efectividad. Aunque se han asignado presupuestos para la construcción de nuevos penales y la mejora de la infraestructura existente, muchos cuestionan si estas medidas son suficientes para abordar la magnitud del problema. La congresista Norma Yarrow ha señalado que, si no se resuelve la situación para mayo, se debe considerar la censura del Ministro de Justicia.
En este contexto, es fundamental que el gobierno tome medidas decisivas para cumplir con las órdenes del TC y garantizar condiciones dignas para los reclusos. La construcción de nuevos penales, la redistribución de la población carcelaria y la implementación de programas de rehabilitación son pasos necesarios para abordar esta crisis. La situación actual no solo es una violación de los derechos humanos, sino que también representa un desafío para la seguridad y el bienestar de la sociedad en su conjunto.
