El Foro del Acuerdo Nacional ha emitido un pronunciamiento en el que advierte sobre el creciente problema de la delincuencia y el crimen organizado en Perú, señalando que estos factores podrían comprometer el desarrollo de las próximas Elecciones Generales programadas para 2026. En este contexto, el foro ha hecho un llamado a las autoridades, partidos políticos y a la ciudadanía en general para que se retome el diálogo y la construcción de consensos, elementos que consideran fundamentales para fortalecer la democracia y asegurar el bienestar de la población.
La preocupación por la seguridad ha aumentado en el país, donde el avance de la delincuencia ha comenzado a afectar la vida cotidiana de los ciudadanos. En su pronunciamiento, el Acuerdo Nacional expresó su inquietud por el impacto que esta situación podría tener en el proceso electoral, que contará con la participación de más de 40 partidos políticos. La posibilidad de confusión y dispersión del voto ciudadano es un riesgo que se ha planteado, lo que podría debilitar la legitimidad del resultado electoral.
El Acuerdo Nacional ha instado a las autoridades a trabajar en conjunto para garantizar un proceso electoral limpio, transparente y libre de violencia. En este sentido, se ha hecho un llamado a la ciudadanía para que exija campañas electorales centradas en propuestas claras y viables, así como debates constructivos y respetuosos que permitan emitir un voto informado y reflexivo.
Además, el foro ha instado a los partidos políticos a rechazar cualquier tipo de corrupción, desinformación o prácticas indebidas que puedan surgir durante la campaña electoral. Se ha propuesto que las agrupaciones políticas conformen alianzas basadas en la comunión de ideas y objetivos, lo que podría resultar en una cédula electoral más amigable para el ciudadano y en una mayor responsabilidad sobre la probidad de sus candidatos.
El Acuerdo Nacional también ha planteado la necesidad de que los partidos políticos consideren las políticas de Estado y la Visión del Perú al 2050 en la elaboración de sus planes de gobierno. Para ello, se ha sugerido la creación de mesas de trabajo que permitan consensuar estrategias a nivel nacional, regional y local para combatir la delincuencia y el crimen organizado.
La colaboración entre el Poder Ejecutivo, el Congreso, el Poder Judicial y la Fiscalía de la Nación es vista como esencial para evaluar y modificar la legislación existente, con el fin de combatir de manera efectiva la delincuencia. Asimismo, se ha propuesto la elaboración de un plan con medidas y acciones a corto, mediano y largo plazo, que incluya indicadores medibles para evaluar su efectividad.
La reunión del Acuerdo Nacional, que tuvo lugar en la Sala Puruchuco del Centro de Convenciones de Lima, contó con la participación de diversas autoridades, incluyendo al secretario ejecutivo del Acuerdo Nacional, Max Hernández, así como representantes del Poder Judicial, ministros de Estado, gobernadores regionales y miembros de la sociedad civil. Este encuentro refleja la urgencia de abordar la situación de seguridad en el país y su relación con el proceso electoral que se avecina.
La interpelación de Gustavo Adrianzén por parte del Congreso también ha sido un tema relevante en el contexto de la seguridad ciudadana. La situación actual ha llevado a un debate sobre la eficacia de las políticas implementadas y la necesidad de un enfoque más coordinado y efectivo para enfrentar los desafíos que plantea la delincuencia organizada.
En resumen, el pronunciamiento del Acuerdo Nacional pone de manifiesto la necesidad de una respuesta integral y colaborativa ante el aumento de la delincuencia y su impacto en el proceso electoral. La construcción de consensos y el diálogo son vistos como herramientas clave para fortalecer la democracia y garantizar un futuro más seguro para todos los peruanos.
