La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso ha tomado la decisión de archivar cinco denuncias constitucionales, entre las cuales se encuentran dos dirigidas contra la presidenta Dina Boluarte y una contra el exmandatario Martín Vizcarra. Esta resolución se produjo el 18 de julio de 2025, y se basa en la falta de fundamentos suficientes para continuar con los procesos.
Las denuncias archivadas incluyen la Denuncia Constitucional 477, presentada por el congresista Juan Burgos de Podemos Perú, que acusaba a Boluarte, al ex presidente del Consejo de Ministros Gustavo Adrianzén y al exministro de Trabajo Daniel Maurate de violaciones a varios artículos de la Constitución. A pesar de que la denuncia cumplía con los requisitos formales, la subcomisión determinó que las imputaciones no constituían infracciones constitucionales ni delitos de función.
El informe de calificación, que fue aprobado con 10 votos a favor, 2 en contra y 2 abstenciones, argumentó que las acciones de la presidenta y sus exministros estaban en concordancia con la legislación vigente y en resguardo del interés nacional.
Otra denuncia, la Denuncia Constitucional 585, fue presentada por el ciudadano Jorge Luis Otoya Villalba y también fue declarada improcedente. Esta acusación involucraba a Boluarte y a más de 100 congresistas de diversas bancadas, así como a figuras como el ex presidente del Congreso José Williams y la exfiscal de la Nación Patricia Benavides. Las imputaciones incluían delitos graves como conspiración y homicidio calificado, pero nuevamente, la subcomisión no encontró pruebas suficientes para proceder.
Además, se archivó la Denuncia Constitucional 056, que involucraba a Martín Vizcarra y a varios exministros, acusándolos de delitos relacionados con el uso indebido de la fuerza pública. Esta denuncia también fue considerada improcedente por la falta de pruebas que sustentaran las acusaciones.
En un contexto más amplio, la subcomisión también aprobó por unanimidad el informe de calificación de la Denuncia Constitucional 571, que involucraba a miembros del Tribunal Constitucional, acusados de prevaricato y abuso de autoridad. Sin embargo, el denunciante no pudo demostrar ser un agraviado directo, lo que llevó al archivo de la denuncia.
Finalmente, la Denuncia Constitucional 609, presentada contra miembros de la Junta Nacional de Justicia, fue archivada por razones similares, ya que el denunciante no pudo demostrar ser el afectado ni aportar pruebas que respaldaran su acusación.
La subcomisión también llevó a cabo una audiencia reservada sobre la Denuncia Constitucional 528, que implicaba a fiscales supremos y exfiscales, acusados de abuso de autoridad y otros delitos. Esta denuncia se encuentra en proceso y no se han hecho públicos los detalles de la audiencia.
Este conjunto de decisiones refleja la dinámica política actual en el Congreso, donde las acusaciones y denuncias constitucionales son parte del juego político, pero también plantean interrogantes sobre la efectividad de los mecanismos de control y fiscalización en el país. La aprobación de estos informes de calificación sugiere que, al menos en esta ocasión, la subcomisión ha optado por no avanzar en los procesos contra figuras políticas de alto perfil, lo que podría tener repercusiones en la percepción pública sobre la justicia y la rendición de cuentas en el ámbito político peruano.
