El Congreso de la República ha sido objeto de atención debido a la considerable suma de dinero que destina anualmente a bonificaciones y asignaciones para sus trabajadores. Según informes recientes, el monto total que se reparte supera los S/276 millones al año, lo que ha generado un debate sobre la justificación y la transparencia de estos beneficios.
Los trabajadores del Congreso, que se encuentran bajo el régimen 728, reciben un promedio de S/80.460 anuales en bonificaciones y asignaciones, sin contar su salario base, gratificaciones y otros beneficios. Este monto se ha incrementado gracias a un convenio colectivo firmado entre el Legislativo y el Sindicato de Trabajadores del Congreso de la República (Sitracon), que establece diversas bonificaciones.
Uno de los pagos más destacados es la “bonificación especial extraordinaria por cierre de pliego”, que asciende a S/20.000 y se entrega en enero. Este pago se ha convertido en un tema de controversia, ya que se otorga a todos los trabajadores, independientemente de su situación familiar, lo que incluye a aquellos que no tienen hijos, quienes también reciben un bono por escolaridad equivalente a un salario completo.
Además de la bonificación por escolaridad, los trabajadores del Congreso reciben otros beneficios como un aguinaldo navideño de S/1.700, un bono de vestimenta de S/2.000 y un subsidio mensual de alimentación de S/2.200. Estos beneficios han sido defendidos por el secretario general del Sitracon, quien argumenta que son el resultado de negociaciones colectivas y que compensan la falta de pago de horas extras.
Sin embargo, la justificación de estos beneficios ha sido cuestionada por varios congresistas y expertos en economía. Algunos legisladores han señalado que el incremento en el presupuesto del Congreso se debe a la práctica de repartir bonos, lo que crea un “incentivo perverso” y falta de supervisión en el uso de los recursos públicos. La falta de transparencia en la gestión del presupuesto ha llevado a preocupaciones sobre la rendición de cuentas y el uso adecuado de los fondos del Estado.
El abogado laboralista Julio Palomino ha expresado que los montos fijados como beneficios económicos no son acertados y ha sugerido la necesidad de una auditoría para revisar los pliegos de reclamos y las exigencias del sindicato. Según Palomino, la situación actual afecta el principio de equipo y podría haber un abuso en la concesión de beneficios.
El presidente del Congreso, Eduardo Salhuana, ha manifestado su intención de revisar el bono por escolaridad, lo que indica que podría haber cambios en la política de beneficios en el futuro. Sin embargo, la discusión sobre la necesidad de una auditoría y la revisión de los beneficios económicos continúa, con la esperanza de que se logre una mayor transparencia y responsabilidad en el uso de los recursos públicos.
En resumen, el debate sobre los beneficios económicos del Congreso refleja una preocupación más amplia sobre la gestión del presupuesto público y la necesidad de garantizar que los recursos se utilicen de manera justa y equitativa. A medida que se acercan las elecciones y se discuten reformas, la atención sobre este tema probablemente continuará creciendo, ya que los ciudadanos demandan una mayor rendición de cuentas y transparencia en el uso de los fondos públicos.
