El Congreso de la República del Perú ha sido objeto de atención debido a los significativos pagos extras que recibe su personal. Según informes recientes, cada trabajador del Legislativo percibe anualmente más de S/80,460 en bonificaciones y asignaciones, lo que suma un total superior a S/276 millones al año para el conjunto de empleados. Este monto no incluye su salario base, gratificaciones ni el bono por escolaridad, lo que resalta la magnitud de estos beneficios.
Los pagos extras se establecen en el convenio colectivo firmado entre el Congreso y el Sindicato de Trabajadores del Congreso de la República (Sitracon). Este convenio, que se renueva cada dos años, incluye una serie de bonificaciones que han sido objeto de debate y controversia. Por ejemplo, en enero, los trabajadores reciben una bonificación especial extraordinaria por cierre de pliego de S/20,000, además de un bono por escolaridad que equivale a un sueldo completo, independientemente de si el trabajador tiene hijos en edad escolar.
El bono por escolaridad ha sido criticado por su falta de limitación, ya que se otorga incluso a aquellos empleados que no tienen descendencia. Este hecho contrasta con otras entidades del Estado, donde el monto máximo para este concepto está regulado por decretos supremos. En el caso del Congreso, el bono por escolaridad se basa en el régimen de la actividad privada, lo que permite mayores libertades en su asignación.
Además de estos bonos, el personal del Congreso también recibe un incremento en su bonificación extraordinaria mensual, que actualmente es de S/2,530, y se ha decidido aumentar en S/200. Este incremento se traduce en un total de S/30,360 al año. Otros beneficios incluyen un aguinaldo navideño de S/1,700, un bono de vestimenta anual de S/2,000 y un subsidio mensual por alimentación de S/2,200, lo que representa S/100 por día laborable.
La justificación de estos beneficios ha sido defendida por el secretario general del Sitracon, quien argumenta que los trabajadores del Congreso no reciben pago por horas extras y que deben capacitarse constantemente para desempeñar sus funciones. Sin embargo, esta postura ha sido cuestionada por algunos congresistas y analistas, quienes consideran que la falta de supervisión y transparencia en la gestión del presupuesto ha llevado a un uso ineficiente de los recursos públicos.
El congresista Carlos Anderson ha señalado que el incremento del presupuesto del Congreso en los últimos años se debe en parte a la práctica de repartir bonos, lo que crea un “incentivo perverso” en la gestión de los recursos. Patricia Chirinos, de Renovación Popular, ha añadido que los acuerdos entre sindicatos y mesas directivas son una forma de reciprocidad política, donde los beneficios se otorgan a quienes han apoyado a los partidos durante las campañas electorales.
Desde el punto de vista legal, algunos expertos sugieren que se debería auditar la asignación de estos beneficios, ya que podrían estar afectando el presupuesto del Estado y, por ende, a todos los ciudadanos. La falta de control en la gestión de los recursos podría dar lugar a abusos en la asignación de beneficios, lo que ha llevado a la necesidad de revisar y ajustar los convenios colectivos.
El presupuesto del Congreso para el año en curso supera los S/923 millones, y se ha modificado para incluir el pago de estos beneficios. Sin embargo, la controversia sobre la legitimidad y necesidad de tales pagos continúa, especialmente en un contexto donde la transparencia y la rendición de cuentas son cada vez más exigidas por la ciudadanía.
En resumen, los pagos extras que recibe el personal del Congreso han generado un amplio debate sobre la gestión de los recursos públicos y la necesidad de una revisión exhaustiva de los convenios colectivos que regulan estos beneficios. La situación actual plantea interrogantes sobre la equidad y la justicia en la distribución de los recursos del Estado, así como sobre la responsabilidad de los funcionarios públicos en la administración de los mismos.
