La empresa Brookfield ha dado un paso significativo al iniciar un procedimiento arbitral internacional contra el Estado peruano, reclamando una restitución de más de 2,700 millones de dólares. Esta acción se produce tras años de disputas con la Municipalidad de Lima y otras entidades peruanas, que, según la compañía, han obstaculizado su capacidad para cobrar peajes en uno de los tramos de la concesión de Rutas de Lima S.A.C.
Brookfield, un fondo de inversiones, ha argumentado que las acciones arbitrarias de la Municipalidad y del Tribunal Constitucional han afectado gravemente su inversión. En un comunicado, la empresa expresó su frustración por la falta de cumplimiento de las obligaciones contractuales por parte de las autoridades peruanas. A pesar de que dos tribunales internacionales y una corte federal en Estados Unidos han ordenado pagos de más de 200 millones de dólares a favor de Rutas, la Municipalidad de Lima no ha realizado dichos pagos.
La situación ha llevado a Brookfield a considerar que su inversión ha sido despojada de su valor debido a las acciones del Estado. Ben Vaughan, gerente global de Operaciones del Grupo de Infraestructura de Brookfield, comentó que la confianza de la empresa en el Perú se ha visto quebrantada y que están decepcionados por la forma en que se ha manejado su inversión. Vaughan también destacó que, a pesar de los desafíos, la empresa mantiene la esperanza de encontrar una solución aceptable con el Estado peruano, en línea con el objetivo del país de aumentar la inversión extranjera.
El proceso arbitral es significativo no solo por la cantidad de dinero en juego, sino también por las implicaciones que tiene para la relación entre el sector privado y el gobierno en Perú. Brookfield ha invertido en el país durante muchos años, y su decisión de llevar el caso a un tribunal internacional refleja la creciente preocupación entre los inversores sobre la seguridad jurídica en el país.
El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) será el encargado de gestionar este proceso arbitral, ya que, aunque la controversia se origina con la Municipalidad de Lima, el demandado es el Estado peruano. Esto pone de relieve la complejidad de las relaciones entre las diferentes entidades gubernamentales y el sector privado en Perú.
La situación actual también plantea preguntas sobre cómo el gobierno peruano manejará futuras inversiones extranjeras. La falta de cumplimiento de contratos y la percepción de inseguridad jurídica pueden afectar la disposición de otros inversores a comprometer capital en el país. Brookfield ha sido un jugador importante en el sector de infraestructura en Perú, y su experiencia podría influir en la percepción de otros potenciales inversores.
A medida que el arbitraje avanza, será crucial observar cómo responde el gobierno peruano y si se toman medidas para mejorar la confianza de los inversores. La resolución de este caso podría sentar un precedente importante para futuras inversiones y la forma en que se manejan las concesiones en el país. La situación de Brookfield es un recordatorio de la importancia de mantener un marco legal claro y predecible para fomentar un ambiente de inversión saludable.
En resumen, el inicio del arbitraje por parte de Brookfield es un desarrollo significativo que podría tener repercusiones en la relación entre el Estado peruano y los inversores extranjeros. La resolución de este caso no solo afectará a Brookfield, sino que también podría influir en la forma en que se percibe el clima de inversión en Perú en el futuro.
