Recientemente, el congresista Carlos Alva Rojas, representante de Acción Popular por La Libertad, ha sido objeto de controversia tras ser vinculado a una camioneta de la Constructora Luche SAC, una empresa que ha obtenido contratos significativos con el Estado. Este hecho ha levantado sospechas sobre posibles conflictos de interés y la ética en el uso de recursos públicos.
El incidente que ha generado revuelo ocurrió cuando Alva protagonizó un accidente automovilístico en su región, mientras se encontraba a bordo de un vehículo de la mencionada constructora, valorado en aproximadamente 42 mil dólares. La Constructora Luche SAC ha sido adjudicataria de contratos que oscilan entre 3 y 7 millones de soles en los últimos años, lo que ha llevado a cuestionar la relación entre el legislador y la empresa.
Investigaciones fiscales han señalado que Alva podría haber actuado como intermediario entre la empresaria Sada Goray y su colega Darwin Espinoza, lo que añade una capa más de complejidad a la situación. A pesar de las acusaciones, el congresista ha negado cualquier vínculo directo con la gestión de proyectos relacionados con la constructora y ha solicitado al Congreso que le asigne un vehículo para sus labores de representación.
La situación se complica aún más con la declaración de Víctor Luján Chero, actual alcalde provincial de Santiago de Chuco y exgerente de la empresa, quien ha indicado que no está al tanto de cómo la camioneta llegó a manos del congresista. Esta falta de claridad ha llevado a la abogada penalista Alexandra Vargas a sugerir que la fiscalía debería investigar si ha existido algún tipo de cohecho o beneficio indebido por parte de Alva.
El accidente, que ocurrió en circunstancias confusas, ha sido reportado de diferentes maneras. Mientras que el Espacio de Monitoreo de Emergencias y Desastres (EMED Salud) indica que el incidente sucedió a la medianoche, el congresista sostiene que ocurrió a las 6 de la tarde debido a condiciones climáticas adversas. Esta discrepancia, junto con la ausencia de un parte policial, ha alimentado aún más las dudas sobre la transparencia del caso.
La relación entre Alva y la Constructora Luche SAC no es un hecho aislado. Desde mediados de 2023, se han documentado encuentros entre el congresista y el alcalde Luján en diversas instituciones públicas, donde ambos han buscado proyectos conjuntos. Esto ha llevado a la percepción de que Alva podría estar utilizando su posición para favorecer a la empresa familiar del alcalde, lo que podría constituir un abuso de poder.
La situación ha generado un debate sobre la ética en la política y la necesidad de una mayor regulación sobre los vínculos entre funcionarios públicos y empresas que contratan con el Estado. La comunidad y los medios de comunicación están atentos a cómo se desarrollará esta investigación y qué medidas se tomarán para garantizar la integridad en el ejercicio de la función pública.
A medida que se avanza en la investigación, la presión sobre el congresista Alva aumenta, y la opinión pública exige respuestas claras sobre su conducta y la de aquellos que lo rodean. La transparencia y la rendición de cuentas son fundamentales para restaurar la confianza en las instituciones y asegurar que los recursos públicos se utilicen de manera adecuada y ética.
