La reciente controversia en torno a la contratación de un miembro de la logia masónica por parte del Ministerio de Justicia ha generado un intenso debate en el ámbito político peruano. Eduardo Arana, jefe del Gabinete Ministerial, ha salido al paso de las acusaciones que sugieren favoritismo hacia sus compañeros de logia, defendiendo la legalidad de las contrataciones realizadas durante su gestión.
En declaraciones a la prensa desde Trujillo, Arana se mostró crítico hacia los medios de comunicación, acusándolos de utilizar la Logia Masónica como un recurso para insinuar que sus miembros están «necesitados de trabajo». «Lamento que se utilice a una institución de larga data, que es una escuela de formación humanista, para crear una narrativa negativa», expresó el primer ministro, quien enfatizó que solo una persona fue contratada en el Ministerio de Justicia durante su mandato y que esta cumplía con todos los requisitos necesarios.
La polémica se intensificó tras un reportaje que reveló que Elías Falla Villegas, un compañero de logia de Arana, fue contratado como asesor en el Ministerio de Justicia, ganando un salario mensual de S/15,600. Arana defendió esta contratación, asegurando que se realizó de acuerdo con la ley y que no hubo ningún tipo de recomendación o favoritismo por parte de su gestión.
Arana también se refirió a las acusaciones de corrupción que han surgido en torno a su gobierno, afirmando que no hay evidencia que respalde tales afirmaciones. «Este no es un gobierno corrupto. En mi gestión, no ha habido ningún tipo de recomendación para favorecer a alguien», aseguró, instando a los periodistas a realizar investigaciones más rigurosas en lugar de especular sobre las conexiones personales de los funcionarios.
El primer ministro también se pronunció sobre el aumento de sueldo de la presidenta Dina Boluarte, justificando que el gobierno está trabajando de manera efectiva y que las decisiones tomadas son parte de un esfuerzo por mejorar la administración pública. Arana pidió a los medios que se centren en los hechos y no en las suposiciones, sugiriendo que la narrativa mediática puede distorsionar la realidad de las acciones gubernamentales.
La situación ha llevado a un llamado a la transparencia y a la rendición de cuentas en el gobierno, con Arana instando a los periodistas a investigar cualquier irregularidad que puedan encontrar, pero sin caer en la trampa de asociar automáticamente las contrataciones con la pertenencia a una logia o asociación. «Si hay algo incorrecto, que lo mencionen, pero que no especulen sobre recomendaciones basadas en la pertenencia a una asociación», concluyó.
La controversia ha puesto de relieve la necesidad de un debate más amplio sobre la ética en la política y la administración pública en Perú, especialmente en un contexto donde la desconfianza hacia las instituciones es alta. Las declaraciones de Arana han generado reacciones mixtas, con algunos apoyando su defensa de la legalidad y otros cuestionando la transparencia del proceso de contratación en el gobierno.
Mientras tanto, la atención se centra en cómo el gobierno manejará esta situación y si se implementarán medidas para garantizar una mayor transparencia en las contrataciones públicas. La presión sobre el gabinete de Dina Boluarte continúa aumentando, y la forma en que se aborden estas acusaciones podría tener un impacto significativo en la percepción pública del gobierno y su capacidad para gobernar de manera efectiva en el futuro.
