En un contexto de creciente descontento social, el gobierno de Dina Boluarte ha propuesto la creación de una franja informativa destinada a difundir sus logros en materia de seguridad ciudadana. Esta iniciativa, anunciada recientemente, ha generado una serie de reacciones y críticas, especialmente considerando la percepción negativa que la ciudadanía tiene sobre la gestión actual en este ámbito.
La propuesta busca establecer un espacio de cuarenta minutos en horario estelar, donde se comunicarían las acciones del Ejecutivo en la lucha contra la delincuencia. Sin embargo, la percepción pública es abrumadoramente negativa: un 95% de la población considera que la gestión de Boluarte en temas de seguridad es mala o muy mala, según una encuesta reciente. Este desajuste entre la realidad y la propuesta gubernamental ha suscitado dudas sobre la efectividad y la sinceridad de la comunicación oficial.
La historia reciente del país está marcada por una serie de incidentes que han puesto en entredicho la capacidad del gobierno para manejar la seguridad. Uno de los episodios más notorios fue la captura de Iván Quispe Palomino, presentado erróneamente como un mando senderista, lo que generó una ola de críticas hacia el Ministerio del Interior. Este tipo de errores en la comunicación oficial plantea interrogantes sobre la veracidad de la información que se pretende difundir en la nueva franja informativa.
La propuesta ha sido suspendida, lo que indica que el gobierno ha reconocido, al menos temporalmente, que la idea no era viable. Sin embargo, el hecho de que haya sido considerada en primer lugar refleja una desconexión alarmante entre el Ejecutivo y la realidad que enfrenta la población. La búsqueda de aplausos a través de una estrategia comunicacional que no se alinea con las preocupaciones de los ciudadanos es un despropósito que podría tener consecuencias graves.
El contexto actual exige una comunicación más transparente y efectiva, que no solo informe sobre logros, sino que también reconozca los desafíos y las fallas en la gestión. La ciudadanía necesita sentir que sus preocupaciones son escuchadas y atendidas, y no simplemente ser objeto de una campaña de relaciones públicas.
La historia de la franja informativa recuerda iniciativas pasadas, como la “ofensiva cultural” del gobierno de Alan García en la década de 1980, que buscaba educar y entretener a la población. Sin embargo, el éxito de tales iniciativas depende de la credibilidad del gobierno y de la percepción pública sobre su capacidad para abordar problemas reales. En este sentido, el actual gobierno parece estar en una encrucijada: por un lado, la necesidad de comunicar sus acciones y, por otro, la presión de una ciudadanía que exige resultados tangibles en lugar de palabras vacías.
La situación se complica aún más por el clima político actual, donde la desconfianza hacia las instituciones es alta. La propuesta de la franja informativa podría haber sido vista como un intento de distraer a la población de los problemas reales, en lugar de un esfuerzo genuino por mejorar la seguridad y la calidad de vida de los ciudadanos. La falta de confianza en el gobierno se traduce en una resistencia a aceptar cualquier mensaje que provenga de él, lo que hace que la tarea de comunicar se vuelva aún más difícil.
En conclusión, la propuesta de una franja informativa para difundir los logros del gobierno en seguridad ciudadana ha puesto de manifiesto la desconexión entre el Ejecutivo y la realidad que vive la población. La suspensión de esta iniciativa es un indicativo de que el gobierno debe replantear su estrategia comunicacional y enfocarse en construir una relación más sólida y de confianza con los ciudadanos. La comunicación efectiva no solo se trata de informar, sino de conectar con las preocupaciones y necesidades de la población, algo que actualmente parece estar ausente en la gestión de Boluarte.
