Recientemente, se ha desatado una controversia en la Junta Nacional de Justicia (JNJ) de Perú tras la revelación de que uno de sus miembros, Rafael Manuel Ruiz Hidalgo, fue condenado por prevaricato en 2010. Esta información ha generado un debate sobre la idoneidad de su nombramiento y la transparencia en el proceso de selección de los miembros de la JNJ.
Rafael Ruiz Hidalgo, un abogado de 55 años, ocupó el séptimo lugar en el cuadro de méritos del concurso público para formar parte de la JNJ. Sin embargo, lo que ha llamado la atención es que omitió mencionar su condena por prevaricato durante su postulación. Este delito implica emitir resoluciones contrarias a la ley en su calidad de juez, y en su caso, se relaciona con un embargo indebido de cuentas de empresas del Grupo Gloria en 2004.
La condena original fue de tres años de prisión, aunque esta fue suspendida bajo ciertas condiciones, incluyendo la inhabilitación para ejercer cargos públicos por un año. A pesar de esto, Ruiz Hidalgo presentó un certificado de antecedentes penales limpio al momento de su postulación, lo que ha llevado a cuestionar la veracidad de la información que proporcionó a la JNJ.
El escándalo se intensificó cuando se reveló que la sentencia de Ruiz Hidalgo había sido archivada en octubre de 2024, justo un día antes de su elección como miembro de la JNJ. Esto plantea interrogantes sobre la disponibilidad de información en el sistema judicial y cómo pudo haber influido en el proceso de selección.
Expertos en derecho han señalado que la omisión de la condena podría haber inducido a error a las instituciones que revisaron su historial. La abogada Cecilia Ruiz comentó que el hecho de que el expediente no estuviera registrado en el sistema durante tanto tiempo podría haber llevado a que se presentara información incompleta durante el proceso de selección.
Por su parte, el defensor del Pueblo, Josué Gutiérrez, también expresó su preocupación, indicando que si hubieran tenido conocimiento de la condena, habrían abordado el tema en la votación sobre su nombramiento. Javier Arévalo, quien era presidente del Poder Judicial en ese momento, también afirmó que desconocía la condena de su asesor y se abstuvo de votar en su nombramiento.
La situación ha llevado a la JNJ a iniciar un proceso disciplinario contra Ruiz Hidalgo, lo que ha generado un debate sobre la legitimidad de su posición en la Junta. La JNJ, creada en 2019 tras el escándalo del Consejo Nacional de la Magistratura, tiene como objetivo garantizar la idoneidad de los magistrados en el país, y este caso pone a prueba su capacidad para cumplir con esa misión.
La controversia también ha atraído la atención de organismos internacionales, como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que ha expresado su preocupación por el proceso disciplinario iniciado contra la presidenta del Poder Judicial, Janet Tello, en medio de este escándalo. La CIDH ha instado a las autoridades peruanas a garantizar un proceso justo y transparente.
En medio de este contexto, la JNJ se enfrenta a un desafío significativo para restaurar la confianza pública en su capacidad para seleccionar y supervisar a los magistrados del país. La situación de Ruiz Hidalgo es un recordatorio de la importancia de la transparencia y la rendición de cuentas en el sistema judicial, así como de la necesidad de revisar y fortalecer los procesos de selección de los miembros de la JNJ para evitar que situaciones similares se repitan en el futuro.