Recientemente, el partido Perú Libre ha estado en el centro de la controversia debido a la adquisición de un inmueble en el distrito de Lince, Lima. Esta compra ha levantado serias dudas sobre el origen de los fondos utilizados, lo que ha generado un debate sobre la transparencia y la legalidad de las operaciones financieras del partido.
La propiedad, ubicada en la cuadra 24 de la avenida Arequipa, fue adquirida por un monto de S/256.610, pagado al contado. La transacción se realizó el 10 de diciembre de 2023, utilizando la cuenta operativa del partido en Caja Huancayo. Ana María Córdova Capucho, secretaria nacional de Organización de Perú Libre, fue la encargada de llevar a cabo la compra. Sin embargo, al ser interrogada sobre la procedencia de los fondos, Córdova evitó proporcionar respuestas claras, lo que ha alimentado aún más las sospechas sobre la legalidad de la transacción.
Cuando un periodista le preguntó sobre el origen del dinero, Córdova inicialmente respondió de manera sarcástica, sugiriendo que había pagado con su propio dinero. Sin embargo, ante la insistencia del reportero, se negó a ofrecer más declaraciones, lo que dejó a muchos cuestionando la veracidad de sus afirmaciones. La falta de claridad en sus respuestas ha llevado a especulaciones sobre si los fondos utilizados para la compra provienen de fuentes legítimas.
La situación se complica aún más considerando que Perú Libre ha sido objeto de escrutinio por parte de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE). Esta entidad ha señalado que el partido ha utilizado dinero del financiamiento estatal para gastos que no están debidamente sustentados, como remodelaciones y publicaciones. Esto plantea la pregunta de si la compra del inmueble en Lince se enmarca dentro de estas irregularidades.
Expertos en derecho electoral han señalado que, aunque la adquisición de bienes con dinero público no está prohibida, sí debe estar justificada y destinada a fines partidarios. Hasta el momento, no se ha aclarado cuál será el uso de la oficina adquirida, lo que ha generado aún más inquietud entre los ciudadanos y analistas políticos.
La falta de transparencia en las finanzas de los partidos políticos es un tema recurrente en el Perú, y este caso no es una excepción. La ciudadanía exige claridad y rendición de cuentas, especialmente de aquellos que ocupan posiciones de poder y que manejan recursos públicos. La situación de Perú Libre podría ser un reflejo de una problemática más amplia en el sistema político peruano, donde la corrupción y la falta de ética en la gestión de recursos son preocupaciones constantes.
Además, el contexto político actual, marcado por la inestabilidad y la desconfianza hacia las instituciones, hace que este tipo de situaciones sean aún más delicadas. La percepción de que los partidos políticos no son transparentes en sus operaciones puede erosionar la confianza pública y afectar la participación ciudadana en el proceso electoral.
En este sentido, es fundamental que las autoridades competentes realicen las investigaciones necesarias para esclarecer el origen de los fondos utilizados por Perú Libre para la compra del inmueble. La transparencia y la rendición de cuentas son pilares esenciales para fortalecer la democracia y garantizar que los recursos públicos se utilicen de manera adecuada y en beneficio de la ciudadanía.
La situación de Perú Libre es un recordatorio de la importancia de la vigilancia ciudadana y del papel que juegan los medios de comunicación en la denuncia de irregularidades. La presión pública puede ser un factor determinante para que se tomen acciones correctivas y se promueva una cultura de transparencia en la política peruana. La ciudadanía tiene el derecho de exigir respuestas y de demandar un manejo responsable de los recursos que pertenecen a todos los peruanos.
