En el contexto actual del Congreso de la República, se ha aprobado el financiamiento de la defensa legal de cinco congresistas que enfrentan investigaciones por parte de la Fiscalía de la Nación. Esta decisión ha generado un amplio debate sobre la legalidad y la ética de utilizar recursos públicos para cubrir los gastos de defensa de funcionarios acusados de delitos graves.
Los beneficiados por esta medida pertenecen a diversas bancadas, incluyendo Somos Perú, Renovación Popular, Acción Popular, Perú Libre y otros. Entre ellos se encuentran Gustavo Cordero, Patricia Chirinos, Marleny Portero, Kelly Portalatino y Américo Gonza. La Mesa Directiva del Congreso, presidida por Eduardo Salhuana, tomó esta decisión entre febrero y marzo de 2025, en un contexto donde la ley permite que los servidores civiles reciban defensa legal financiada por el Estado.
La Ley del Servicio Civil establece que los funcionarios tienen derecho a recibir asesoría legal en procesos judiciales, administrativos y en investigaciones. Sin embargo, esta norma también estipula que, si los funcionarios son condenados, deberán reembolsar los gastos incurridos por el Congreso en su defensa.
Investigaciones en curso
Los casos de los congresistas Portero y Gonza son particularmente graves, ya que ambos enfrentan acusaciones de presunta organización criminal y tráfico de influencias. Estas investigaciones están relacionadas con el denominado Caso Los Niños, que involucra a varios legisladores y al expresidente Pedro Castillo. Según la fiscalía, se alega que un grupo de congresistas se comprometió a votar en contra de mociones de vacancia y censuras a cambio de beneficios indebidos.
Por otro lado, Gustavo Cordero está siendo investigado por cohecho activo y pasivo, en un caso que involucra a la exfiscal de la Nación, Patricia Benavides. Se le acusa de haber recibido favores a cambio de archivar denuncias contra otros congresistas. En este contexto, la Mesa Directiva también aprobó cubrir los gastos de defensa de Kelly Portalatino, quien enfrenta acusaciones de negociación incompatible.
Reacciones y propuestas de reforma
La decisión del Congreso ha suscitado críticas y propuestas de reforma. La congresista Susel Paredes ha presentado un proyecto de ley que busca que los funcionarios públicos procesados sean defendidos por abogados de la Defensa Pública, en lugar de utilizar recursos del Estado para financiar sus defensas. Paredes argumenta que esta medida es necesaria para evitar el uso indebido de recursos públicos y garantizar que los funcionarios que cometen delitos no se beneficien de la financiación estatal.
Sin embargo, algunos expertos y exfuncionarios han expresado su preocupación por esta propuesta. El exviceministro de Justicia, Gilmar Andía, ha señalado que muchos funcionarios son acusados sin fundamento y que es importante que tengan acceso a una defensa adecuada. Por su parte, el abogado André Sota ha advertido que la propuesta de Paredes podría resultar en una defensa ineficaz para los funcionarios, lo que podría desincentivar a las personas a ocupar cargos públicos.
El debate sobre el financiamiento de la defensa legal de los congresistas también ha puesto de relieve la necesidad de establecer límites y regulaciones más claras sobre el uso de recursos públicos en estos casos. Algunos sugieren que se debería implementar un sistema escalonado de pagos, donde los montos a cubrir se ajusten según la etapa del proceso judicial.
El Congreso ha decidido financiar la defensa legal de los legisladores en cuatro pagos escalonados, lo que ha generado más cuestionamientos sobre la transparencia y la justificación de estos gastos. El primer pago se realiza tras la presentación del informe de evaluación preliminar del caso, y los siguientes pagos se efectúan en función de los avances en el proceso judicial.
En conclusión, la situación actual en el Congreso refleja un complejo entramado de intereses políticos y legales, donde el uso de recursos públicos para la defensa de legisladores investigados plantea serias interrogantes sobre la ética y la responsabilidad en la gestión pública. Las propuestas de reforma y los debates en torno a este tema continuarán siendo un punto focal en la agenda política del país.
