La reciente decisión de la Comisión de Ética del Congreso de la República ha generado un amplio debate en el ámbito político peruano. En una sesión celebrada el 7 de abril, la comisión aprobó por mayoría un informe que declara infundada la denuncia contra la congresista Kelly Portalatino, quien había sido acusada de solicitar a sus asesores que afilien militantes al partido Perú Libre a cambio de puestos de trabajo en entidades del Estado.
El caso se remonta a 2024, cuando un extrabajador de Portalatino presentó la denuncia, alegando que la congresista había utilizado su posición para promover afiliaciones políticas a cambio de beneficios laborales. Sin embargo, el informe final de la Comisión de Ética concluyó que no se pudo confirmar la veracidad de estas acusaciones. Durante la sesión, se expusieron los hallazgos de las investigaciones, que revelaron que las afiliaciones no se limitaron a Perú Libre, sino que también incluyeron a otros partidos como Juntos por el Perú y Adelante Pueblo Unido.
Uno de los puntos más destacados del informe fue la falta de pruebas concretas que respaldaran las acusaciones. Los miembros de la comisión señalaron que no existían evidencias suficientes, como documentos, grabaciones o testimonios que vincularan a Portalatino con las supuestas irregularidades. En este sentido, se destacó que no se encontraron pruebas de descuentos en las remuneraciones de los extrabajadores, lo que habría respaldado la denuncia inicial.
La decisión de archivar la denuncia fue respaldada por varios miembros de la comisión, quienes argumentaron que el caso presentado no cumplía con los estándares necesarios para ser considerado una falta ética. Entre los parlamentarios que votaron a favor del informe se encontraban Alex Paredes, Kira Alcarraz y Rosangella Barbarán, mientras que algunos otros optaron por la abstención.
Este desenlace ha suscitado reacciones diversas en el ámbito político y social. Por un lado, los defensores de Portalatino celebraron la decisión como una vindicación de su honor y un reconocimiento de que las acusaciones carecían de fundamento. Por otro lado, críticos de la congresista y de la gestión de la Comisión de Ética han expresado su preocupación por la percepción de impunidad en el Congreso, sugiriendo que este tipo de decisiones pueden socavar la confianza pública en las instituciones.
La situación se complica aún más por el contexto político en el que se desarrolla. La gestión del actual gobierno, encabezado por Dina Boluarte, ha estado marcada por tensiones y críticas, lo que ha llevado a algunos sectores a considerar que las acusaciones contra Portalatino podrían haber sido parte de una estrategia política más amplia para desacreditar a ciertos miembros del Congreso.
Además, la Comisión de Ética ha estado bajo el escrutinio público por su manejo de otros casos, lo que ha llevado a cuestionamientos sobre su imparcialidad y efectividad. La percepción de que las decisiones pueden estar influenciadas por consideraciones políticas ha alimentado un clima de desconfianza hacia el Congreso en general.
En este contexto, la decisión sobre la denuncia contra Kelly Portalatino no solo tiene implicaciones para su carrera política, sino que también plantea preguntas más amplias sobre la ética y la transparencia en la política peruana. La falta de pruebas contundentes en este caso podría ser vista como un reflejo de la complejidad de las dinámicas políticas en el país, donde las acusaciones y las defensas a menudo se entrelazan con intereses partidarios y luchas de poder.
A medida que el Congreso continúa enfrentando desafíos en su labor legislativa y en su relación con la ciudadanía, el caso de Portalatino podría servir como un punto de inflexión en la discusión sobre la ética política y la necesidad de una mayor rendición de cuentas en el ámbito público. La situación actual invita a un análisis más profundo sobre cómo se manejan las denuncias en el Congreso y qué medidas se pueden implementar para fortalecer la confianza en las instituciones democráticas del país.
