La reciente designación de Julio Díaz Zulueta como nuevo ministro del Interior ha generado un amplio debate en el ámbito político peruano. Su nombramiento se produce en un contexto de creciente preocupación por la seguridad en el país, y su llegada al cargo no ha estado exenta de controversias, especialmente debido a las investigaciones fiscales que enfrenta.
Díaz Zulueta asumió el cargo tras la censura de su predecesor, Juan José Santiváñez, quien fue destituido por el Congreso. En su declaración jurada, Díaz admitió que está bajo investigación por el presunto delito de negociación incompatible, relacionado con la contratación de un abogado en el viceministerio de Seguridad Pública, cuando él era el encargado. Este hecho ha suscitado críticas y cuestionamientos sobre su idoneidad para liderar un ministerio tan crucial en un momento en que la seguridad ciudadana es una de las principales preocupaciones de la población.
La investigación que enfrenta Díaz Zulueta no es la única en su historial. En su declaración, también mencionó otras seis investigaciones fiscales que, aunque fueron archivadas, reflejan un pasado complicado en términos de su trayectoria legal. Esto ha llevado a varios congresistas a exigir que el nuevo ministro aclare su situación y explique su relación con el partido Alianza para el Progreso (APP), que sostiene al gobierno de Dina Boluarte.
El Ministerio del Interior, en un intento por minimizar las preocupaciones, emitió un comunicado en el que afirmaba que Díaz no tiene procesos judiciales ni administrativos en su contra. Sin embargo, esta afirmación ha sido cuestionada, ya que omite la investigación en curso por negociación incompatible. La falta de transparencia en la comunicación del ministerio ha alimentado aún más las dudas sobre la capacidad de Díaz para desempeñar su función.
En el Congreso, las reacciones han sido mixtas. Algunos legisladores han expresado su deseo de otorgar un «beneficio de la duda» a Díaz, mientras que otros han manifestado su escepticismo, sugiriendo que podría seguir el mismo camino que su antecesor, dedicándose más a defenderse de las acusaciones que a abordar los problemas de seguridad. La situación se complica aún más por el hecho de que Díaz ha cambiado de partido político en varias ocasiones, lo que ha llevado a algunos a cuestionar su lealtad y compromiso con la función pública.
A pesar de las controversias, Díaz Zulueta fue presentado oficialmente ante las autoridades de la Policía Nacional del Perú y otras instituciones del sector. Durante su presentación, se comprometió a aumentar el presupuesto destinado al equipamiento de la policía y a implementar planes estratégicos basados en inteligencia y análisis. Sin embargo, críticos como el exministro del Interior Remigio Hernani han señalado que la falta de experiencia en inteligencia operativa podría ser un obstáculo para cumplir con estas promesas.
Desde el Ejecutivo, la ministra de Desarrollo e Inclusión Social, Leslie Urteaga, defendió la designación de Díaz, resaltando su experiencia en el sector. Sin embargo, la percepción pública sobre su nombramiento sigue siendo negativa, especialmente en un contexto donde la violencia y la delincuencia están en aumento. La llegada de Díaz Zulueta como el séptimo ministro del Interior en la gestión de Boluarte plantea interrogantes sobre la estabilidad y efectividad del gobierno en el manejo de la seguridad nacional.
En resumen, la llegada de Julio Díaz Zulueta al Ministerio del Interior se produce en un clima de desconfianza y cuestionamientos. Su historial de investigaciones y la falta de claridad en su situación legal han generado un ambiente de incertidumbre que podría afectar su capacidad para liderar un ministerio crucial en un momento crítico para el país. La respuesta del nuevo ministro a estas preocupaciones será fundamental para determinar su futuro en el cargo y la percepción pública de su gestión.