Recientemente, se han desatado serias controversias en torno a Juan José Santiváñez, actual ministro del Interior de Perú, tras la divulgación de audios y chats que lo implican en un allanamiento a la oficina de su predecesor, Víctor Torres. Según un informe de un programa dominical, Santiváñez habría filtrado información a la División de Investigación de Delitos de Alta Complejidad (Diviac) sobre una supuesta contratación irregular, lo que llevó a la intervención de la fiscalía en marzo de 2024.
Los audios revelan que Santiváñez mantuvo una comunicación constante con un capitán de la Diviac, Junior Izquierdo, durante un periodo de diez días, en el que mostró un interés particular por el allanamiento de la oficina de Torres. En estas conversaciones, se menciona la contratación de Patricia del Carmen Bobadilla, quien fue nombrada directora de la Oficina de Comunicación Social e Imagen del Ministerio del Interior, y cuya contratación fue cuestionada por no estar colegiada.
La situación se complica aún más con las acusaciones de que Santiváñez intentó borrar pruebas relacionadas con la contratación irregular. En uno de los mensajes, se le escucha solicitar que se levanten grabaciones de seguridad del ministerio, alegando que había intentos de eliminar videos que podrían comprometerlo. «Quieren borrar los videos, pero el de seguridad les ha dicho que no pueden. Están corriendo», se escucha en uno de los audios.
A pesar de las evidencias, Santiváñez ha negado haber filtrado información a la Diviac, aunque ha admitido que mantuvo conversaciones con Izquierdo. «Yo no era colaborador de la Diviac y lo que sí, lo que sí tengo que reconocer, es que […] yo jamás he negado la amistad que tenía con el oficial que es capitán Izquierdo», declaró en una entrevista.
La presidenta Dina Boluarte ha salido en defensa de Santiváñez, criticando a la fiscalía y a los medios de comunicación por lo que considera un ataque injustificado. Esta situación ha generado un clima de tensión entre el gobierno y las instituciones encargadas de la justicia, lo que ha llevado a algunos analistas a cuestionar la independencia del sistema judicial en Perú.
El respaldo de Boluarte a Santiváñez se produce en un contexto donde el Ejecutivo ha denunciado lo que califica como un «golpe de Estado blando» en su contra, lo que ha intensificado las críticas hacia la fiscalía y los medios de comunicación. La presidenta ha manifestado que existe un desmedido exceso por parte de ciertos sectores de la política y de la prensa en su contra, lo que ha llevado a un clima de polarización en el país.
La situación de Santiváñez no solo afecta su carrera política, sino que también plantea interrogantes sobre la transparencia y la ética en la gestión pública. La presión sobre el ministro del Interior podría tener repercusiones en la estabilidad del gabinete de Boluarte, especialmente si se considera que el ministerio es clave en la lucha contra la delincuencia y la corrupción.
Mientras tanto, la fiscalía ha continuado con sus investigaciones, y se espera que en los próximos días se tomen decisiones sobre el futuro de Santiváñez en el cargo. La situación ha captado la atención de la opinión pública, que sigue de cerca los acontecimientos y las posibles implicaciones para el gobierno de Boluarte.
En este contexto, es fundamental que las instituciones actúen con independencia y que se garantice un proceso justo y transparente. La confianza de la ciudadanía en el sistema político y judicial depende de la capacidad de estos organismos para actuar sin presiones externas y en defensa del estado de derecho. Las revelaciones sobre Santiváñez son solo una parte de un panorama más amplio que refleja las tensiones y desafíos que enfrenta el gobierno peruano en la actualidad.
