La construcción del nuevo aeropuerto Jorge Chávez ha estado marcada por una serie de controversias y problemas administrativos que han generado preocupación entre las autoridades y la población. Recientemente, Provías Nacional (PVN), entidad del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), anuló un contrato de S/33.9 millones con el Consorcio Elmer Faucett, encargado de instalar dos puentes sobre la avenida Morales Duárez, una obra crucial para mejorar el acceso al aeropuerto.
La decisión de anular el contrato se basó en el incumplimiento de obligaciones por parte del consorcio, que no presentó los seguros requeridos ni subsanó observaciones al plan de ejecución del servicio. Esta situación se agrava por el hecho de que la obra debía ejecutarse en un plazo de 120 días, y el MTC había advertido sobre un posible colapso vehicular en la zona entre abril y mayo de 2025.
El contrato, firmado el 5 de diciembre de 2024, había sido justificado por PVN debido a la necesidad urgente de mejorar el acceso vehicular al aeropuerto, en respuesta a un informe de Lima Airport Partners que alertaba sobre el inminente colapso del tráfico. Sin embargo, la elección del consorcio ha sido cuestionada, dado que se encuentra bajo investigación por la fiscalía por obras relacionadas con la gestión del exministro Juan Silva, quien se encuentra prófugo.
Los representantes de JJ Engineering Group, parte del consorcio, han defendido su posición, argumentando que el retraso en el inicio de la obra se debió a las observaciones realizadas por PVN al plan de trabajo. Además, mencionaron que se les solicitó extender el puente más grande, lo que generaría un sobrecosto significativo. Esta modificación no estaba contemplada en las bases del contrato original, lo que llevó a tensiones entre las partes.
Un audio grabado durante una reunión entre los funcionarios de PVN y los representantes del consorcio revela la presión ejercida por PVN para realizar cambios en el proyecto, lo que podría haber influido en la decisión de rescindir el contrato. En la grabación, se escucha a un funcionario de PVN sugiriendo que la rescisión del contrato podría ser una opción si no se cumplían con las exigencias adicionales.
La anulación del contrato ha suscitado críticas y preocupaciones sobre la transparencia en la gestión de las obras relacionadas con el nuevo aeropuerto. La falta de claridad en los procesos de contratación y la elección de empresas con antecedentes cuestionables han llevado a cuestionamientos sobre la capacidad de las autoridades para manejar proyectos de esta magnitud.
Además, la situación se complica por el contexto de inseguridad en la zona, donde se han reportado disputas entre organizaciones criminales que podrían estar afectando la ejecución de obras públicas. La relación entre la construcción del aeropuerto y la seguridad pública es un tema que ha cobrado relevancia, especialmente en un país donde la delincuencia organizada ha mostrado un crecimiento alarmante.
La comunidad local también ha expresado su preocupación por el impacto que estos retrasos y problemas administrativos pueden tener en la economía de la región. La inauguración del nuevo aeropuerto es vista como una oportunidad para impulsar el desarrollo económico y turístico, pero los constantes contratiempos han generado desconfianza entre los ciudadanos.
En medio de esta situación, el MTC ha afirmado que se tomarán las medidas necesarias para garantizar que las obras se realicen de manera eficiente y transparente. Sin embargo, la falta de respuestas claras y la incertidumbre sobre el futuro del proyecto han dejado a muchos en la comunidad preguntándose si el nuevo aeropuerto podrá cumplir con las expectativas que se han generado a su alrededor.
