La construcción del nuevo aeropuerto Jorge Chávez ha estado marcada por una serie de controversias y problemas administrativos que han generado preocupación entre las autoridades y la ciudadanía. Recientemente, Provías Nacional (PVN), la entidad encargada de la ejecución de la obra, anuló un contrato por S/33,9 millones destinado a la instalación de dos puentes sobre la avenida Morales Duárez, una decisión que ha suscitado múltiples interrogantes sobre la gestión del proyecto.
La historia comienza el 5 de diciembre de 2024, cuando PVN firmó un contrato con el Consorcio Elmer Faucett, compuesto por Concretta S.A.C. y JJ Engineering Group S.A.C., para la instalación de los puentes. Este contrato fue justificado por la necesidad de mejorar el acceso vehicular al aeropuerto, ante la advertencia de un posible colapso vehicular en los meses de abril y mayo de 2025, según informes de Lima Airport Partners, la concesionaria del aeropuerto.
Sin embargo, el avance de la obra fue nulo durante los meses de enero y febrero de 2025, lo que llevó a PVN a tomar la decisión de rescindir el contrato el 13 de marzo. La razón oficial para esta anulación fue el incumplimiento del consorcio en cuanto a la presentación de seguros y la falta de subsanación de observaciones al plan de ejecución del servicio. Esta decisión se produjo un día después de que se solicitara un descargo a PVN sobre la contratación directa.
Desde la perspectiva del Consorcio Elmer Faucett, la anulación del contrato no fue tan sencilla. Representantes de JJ Engineering Group argumentaron que el retraso en el inicio de la obra se debió a las observaciones realizadas por PVN al plan de trabajo. Además, afirmaron que la solicitud de PVN para alargar uno de los puentes generó un sobrecosto significativo que no estaba contemplado en las bases del contrato. Según el empresario Jauri Gómez Correa, esta modificación fue la principal causa de la problemática que llevó a la rescisión del contrato.
En una reunión celebrada el 19 de febrero, se discutieron los cambios necesarios para el puente, pero los funcionarios de PVN no se comprometieron a asumir el costo adicional ni a pagar el seguro correspondiente. Gómez grabó esta conversación como evidencia de las exigencias que se estaban realizando, las cuales no estaban estipuladas en el contrato original.
La situación se complica aún más cuando se considera que la empresa que ganó el contrato, Concretta, está bajo investigación por otras obras relacionadas con la gestión del exministro Juan Silva, quien se encuentra prófugo. Esto ha llevado a cuestionamientos sobre la idoneidad de la empresa para llevar a cabo el proyecto del nuevo aeropuerto.
La anulación del contrato ha generado un clima de incertidumbre en torno a la construcción del nuevo aeropuerto, que ya ha enfrentado múltiples retrasos y problemas de gestión. La falta de claridad sobre las responsabilidades y las decisiones tomadas por las autoridades competentes ha llevado a un aumento de la desconfianza entre los ciudadanos y los actores involucrados en el proyecto.
Este caso pone de relieve la necesidad de una mayor transparencia en la gestión de obras públicas, especialmente en proyectos de gran envergadura como el nuevo aeropuerto Jorge Chávez. La ciudadanía tiene derecho a conocer los detalles de las decisiones que afectan su entorno y a exigir rendición de cuentas a las autoridades responsables.
A medida que se desarrollan los acontecimientos, será crucial seguir de cerca la evolución de este proyecto y las implicaciones que tendrá para el futuro del transporte aéreo en el país. La construcción del nuevo aeropuerto no solo es vital para la conectividad del Perú, sino que también representa una oportunidad para mejorar la infraestructura y fomentar el desarrollo económico en la región. Sin embargo, para que esto se logre, es fundamental que se resuelvan las controversias actuales y se garantice una gestión adecuada y transparente de los recursos públicos.