La situación del sistema penitenciario en Perú ha alcanzado niveles críticos, con un hacinamiento que supera el 500% en la mayoría de los centros de reclusión. Esta problemática ha sido objeto de debate en el Congreso, donde se han presentado diversas propuestas para abordar la crisis. Uno de los principales impulsores de estas iniciativas es Alejandro Cavero, tercer vicepresidente del Congreso, quien ha enfatizado la necesidad urgente de reformar el sistema penitenciario para combatir la inseguridad en el país.
Cavero ha señalado que el hacinamiento en las cárceles no solo afecta a los reclusos, sino que también se convierte en un caldo de cultivo para el crimen. En este contexto, ha criticado la paralización de la construcción del megapenal de Ica, un proyecto que podría albergar a más de 15,000 internos. A pesar de las promesas de reactivación, la obra sigue estancada, lo que agrava aún más la situación de inseguridad en el país.
El congresista ha propuesto un proyecto de ley que busca permitir la participación del sector privado en la construcción y administración de los centros penitenciarios. Esta iniciativa, que se enmarca dentro de un enfoque de Obras por Impuestos y Asociaciones Público-Privadas (APP), tiene como objetivo no solo aumentar la capacidad de los penales, sino también modernizar la infraestructura y mejorar la gestión de los recursos. Cavero argumenta que la administración privada podría introducir mejores prácticas y tecnologías en el sistema penitenciario, lo que beneficiaría tanto a los reclusos como a la sociedad en general.
La propuesta legislativa destaca que el sistema actual ha demostrado ser ineficaz para manejar el creciente número de reclusos, lo que ha llevado a condiciones deplorables en las cárceles. De los 68 centros penitenciarios en el país, 49 están sobrepoblados, lo que pone de manifiesto la urgencia de una reforma integral. Cavero ha instado a la Comisión de Justicia del Congreso a priorizar esta iniciativa, argumentando que la falta de acción solo perpetuará el ciclo de violencia y criminalidad.
Además de la propuesta de Cavero, otros legisladores han expresado su preocupación por la situación en las cárceles. La congresista Norma Yarrow ha solicitado al Tribunal Constitucional un informe sobre el cumplimiento de sentencias relacionadas con el hacinamiento, mientras que otros miembros del Congreso han planteado la necesidad de revisar las políticas de encarcelamiento y buscar alternativas a la prisión preventiva.
La crisis penitenciaria en Perú no es un problema nuevo, pero ha cobrado mayor relevancia en el contexto actual de inseguridad. La falta de espacios adecuados para los reclusos ha llevado a situaciones de violencia y a la proliferación de bandas criminales dentro de las cárceles. Esto, a su vez, ha generado un círculo vicioso en el que la inseguridad en las calles se ve alimentada por la ineficacia del sistema penitenciario.
El gobierno de Dina Boluarte ha sido criticado por no abordar de manera efectiva esta problemática. A pesar de las promesas de mejorar la seguridad ciudadana, muchos ciudadanos sienten que las medidas implementadas hasta ahora no han tenido un impacto significativo. La situación en las cárceles es un reflejo de la incapacidad del Estado para garantizar la seguridad y el bienestar de sus ciudadanos.
En este contexto, la propuesta de Cavero de involucrar al sector privado en la gestión de los penales podría ser una solución viable. Sin embargo, también plantea interrogantes sobre la ética y la efectividad de privatizar un servicio tan crítico como el sistema penitenciario. La experiencia en otros países ha mostrado que la privatización puede llevar a una reducción de costos, pero también a un deterioro en la calidad de los servicios si no se implementa adecuadamente.
La discusión sobre el futuro del sistema penitenciario en Perú es crucial no solo para los reclusos, sino para toda la sociedad. La forma en que se maneje esta crisis tendrá repercusiones en la seguridad, la justicia y la cohesión social en el país. A medida que el Congreso debate estas propuestas, la presión sobre el gobierno para encontrar soluciones efectivas seguirá aumentando, y la ciudadanía estará atenta a los resultados de estas iniciativas.
