La Fuerza Aérea del Perú (FAP) ha presentado una denuncia formal contra el congresista Edgar Tello, perteneciente a Podemos Perú, por presuntos delitos de patrocinio ilegal, usurpación agravada y aprovechamiento indebido del cargo. Esta acusación surge tras un incidente en el que Tello, junto al exministro de Defensa Mariano González y el ingeniero Jahn Toledo Palomino, supuestamente interfirieron en un desalojo de un terreno perteneciente a la FAP en Lurín, Lima.
La denuncia, revelada por un medio local, detalla que el 16 de noviembre de 2024, Tello y González acompañaron a Toledo Palomino al terreno en disputa, donde sin contar con una orden judicial, procedieron a cortar alambres y retirar palos que delimitaban la propiedad. Este terreno ha sido de propiedad de la FAP desde 1983 y está debidamente inscrito en Registros Públicos. Sin embargo, desde julio de 2024, Toledo ha reclamado ser el propietario legítimo, lo que ha generado un conflicto legal.
El caso ha tomado relevancia no solo por la naturaleza de la denuncia, sino también por el contexto en el que se desarrolla. Edgar Tello ha estado bajo la lupa pública debido a su implicación en el caso conocido como ‘mochasueldos’, donde se le acusa de recortar sueldos a trabajadores para financiar actividades personales. Este escándalo ha llevado a que Tello reciba una sanción de 60 días sin goce de haber, además de enfrentar una denuncia constitucional por presunto delito de concusión.
En el marco de la denuncia presentada por la FAP, se ha señalado que el congresista Tello infringió las normas del Congreso al involucrarse en un desalojo, lo cual es considerado inapropiado para un legislador. Expertos en derecho penal han manifestado que un parlamentario no debe participar en este tipo de acciones, ya que su función principal es la fiscalización y la creación de leyes, no la intervención en conflictos de propiedad.
La defensa de Tello ha sido vehemente. En declaraciones a la prensa, el congresista afirmó que su despacho está abierto a todos los ciudadanos que deseen realizar gestiones y que su intervención en el caso de Toledo fue simplemente una acción de apoyo, no un abuso de poder. Tello ha descalificado las acusaciones, sugiriendo que hay intereses personales detrás de la denuncia.
Por su parte, el exministro González ha defendido su participación, argumentando que su intervención fue técnica y que el caso debe ser resuelto por las instancias competentes. González ha enfatizado que no hubo intención de usurpar la propiedad de la FAP, sino de actuar en un contexto de asesoría técnica.
El conflicto por el terreno en Lurín no es nuevo. Toledo ha mantenido un litigio con la FAP por varios años, alegando que posee documentos que respaldan su reclamación sobre el terreno de 178 mil metros cuadrados. Sin embargo, la FAP sostiene que la propiedad es suya y que cualquier intento de desalojo debe seguir los procedimientos legales correspondientes.
Este caso ha generado un gran interés mediático, no solo por las implicaciones legales que enfrenta Tello, sino también por el contexto político en el que se desarrolla. La percepción pública sobre la corrupción y el abuso de poder en el Congreso ha llevado a que muchos ciudadanos exijan una mayor transparencia y rendición de cuentas por parte de sus representantes.
A medida que avanza la investigación, se espera que se presenten más pruebas y testimonios que puedan esclarecer los hechos. La situación de Edgar Tello es un reflejo de los desafíos que enfrenta el sistema político peruano, donde la corrupción y el abuso de poder son temas recurrentes que afectan la confianza de la ciudadanía en sus instituciones.
