La situación de la libertad de prensa en el Perú ha sido objeto de creciente preocupación en los últimos años, especialmente bajo la administración de la presidenta Dina Boluarte. La relación entre el gobierno y los medios de comunicación se ha vuelto tensa, con acusaciones de la mandataria hacia la prensa y el Ministerio Público, a quienes ha señalado de intentar llevar a cabo un «golpe de Estado blando». Esta retórica ha generado un clima de incertidumbre y hostilidad hacia los periodistas, lo que ha llevado a un deterioro significativo en la libertad de expresión en el país.
Un informe reciente de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) destaca que el Perú ha experimentado el mayor descenso en el Índice Chapultepec de Libertad de Expresión y Prensa en los últimos dos años. Este índice mide la situación de la libertad de prensa en diferentes países, y la caída del Perú lo coloca en una posición preocupante, similar a naciones con regímenes autoritarios como Nicaragua y Venezuela. Carlos Jornet, presidente de la Comisión de Libertad de Prensa de la SIP, ha señalado que la inestabilidad política y el discurso confrontativo del gobierno han contribuido a este deterioro.
La presidenta Boluarte ha sido criticada por no firmar la Declaración de Chapultepec, un compromiso con la libertad de prensa que busca garantizar el derecho a la información y la libre expresión. Esta falta de acción ha sido interpretada como una señal de que su gobierno no está dispuesto a aceptar la crítica y el control que la prensa ejerce sobre el poder. Jornet enfatiza que la función de la prensa no es adular al gobierno, sino investigar y denunciar irregularidades, lo que es fundamental para una democracia saludable.
Además, el clima de violencia contra los periodistas ha ido en aumento. En 2024, se registraron 392 ataques contra medios y profesionales de la comunicación, marcando un récord en el siglo XXI. Este aumento en la violencia se ha visto acompañado de un contexto de impunidad, donde los agresores rara vez enfrentan consecuencias. La SIP ha expresado su preocupación por la falta de protección a los periodistas, especialmente en regiones donde el crimen organizado tiene una fuerte presencia.
El Congreso también ha sido señalado como un actor que contribuye a la restricción de la libertad de prensa. Se han presentado numerosos proyectos de ley que buscan limitar la acción de los medios, lo que ha generado un ambiente hostil para el ejercicio del periodismo. La falta de voces en defensa de la libertad de expresión dentro del Parlamento ha sido alarmante, ya que muchos legisladores enfrentan acusaciones de corrupción y, por lo tanto, tienen poco interés en promover una prensa libre que pueda investigar sus acciones.
La situación se complica aún más con la reciente eliminación del Consejo Directivo del Instituto Nacional de Radio y Televisión del Perú (IRTP), lo que ha llevado a la percepción de que los medios públicos están siendo utilizados como herramientas de propaganda del gobierno. Esto plantea serias dudas sobre la independencia de los medios estatales y su capacidad para ofrecer una cobertura imparcial de los acontecimientos.
La SIP ha decidido enviar una delegación al Perú para evaluar la situación de la libertad de prensa y dialogar con representantes de los poderes del Estado. Este tipo de misiones son cruciales para visibilizar la problemática y presionar a las autoridades para que respeten los derechos de los periodistas. Sin embargo, la falta de respuesta de la presidenta Boluarte a las solicitudes de reunión con la delegación ha generado inquietud sobre su disposición a dialogar sobre estos temas críticos.
En este contexto, es fundamental que tanto el gobierno como el Congreso reconozcan la importancia de una prensa libre y activa como pilar de la democracia. La libertad de expresión no solo beneficia a los periodistas, sino que es un derecho fundamental de la ciudadanía, que necesita estar informada para poder participar activamente en la vida política y social del país. La historia ha demostrado que los gobiernos que intentan silenciar a la prensa a menudo terminan debilitando las bases democráticas, lo que puede llevar a un aumento de la corrupción y la impunidad.
La situación actual en el Perú es un llamado a la acción para todos los actores involucrados en la defensa de la libertad de prensa. Es esencial que se establezcan mecanismos de protección para los periodistas y que se promueva un ambiente donde la crítica y la investigación sean no solo permitidas, sino valoradas como parte integral de la democracia.