La situación financiera en Perú ha sido objeto de debate en los últimos años, especialmente en lo que respecta a la regulación de las tasas de interés. La reciente negativa del Congreso a derogar los topes a estas tasas ha generado preocupación entre economistas y analistas, quienes advierten que esta medida podría estar perjudicando a los sectores más vulnerables de la población. La lógica detrás de esta decisión parece ser la creencia de que restringir las tasas de interés hará que el crédito sea más accesible. Sin embargo, la realidad es que esta política ha llevado a un aumento en la exclusión financiera y a un crecimiento del mercado informal de préstamos.
El Banco Central de Reserva del Perú ha señalado que cerca de 270,000 peruanos han sido expulsados del sistema financiero debido a estas regulaciones. Cuando las tasas de interés son fijadas por el mercado, reflejan el riesgo crediticio de los prestatarios. En cambio, cuando se imponen límites artificiales, las instituciones financieras tienden a restringir los préstamos, dejando fuera a aquellos que más los necesitan. Este fenómeno, conocido como selección adversa, ha sido ampliamente documentado en la literatura económica.
Investigaciones de economistas como Joseph Stiglitz y Andrew Weiss han demostrado que los topes a las tasas de interés generan problemas en el acceso al crédito. Si los bancos no pueden cobrar tasas acordes al riesgo, prefieren no prestar a aquellos que no cumplen con los criterios establecidos. Esto ha llevado a un aumento en la informalidad, donde los prestatarios se ven obligados a recurrir a prestamistas informales que operan sin regulaciones y a menudo imponen condiciones abusivas.
La situación se complica aún más cuando se considera que los mismos legisladores que defienden estas políticas son los que luego se sorprenden por el crecimiento del mercado informal y la violencia asociada a él. La falta de comprensión sobre cómo funcionan los mercados financieros ha llevado a decisiones que, en lugar de proteger a los ciudadanos, los han dejado en una situación más precaria.
La inclusión financiera es crucial para el desarrollo económico y social. Estudios han demostrado que el acceso a productos financieros formales puede impulsar el crecimiento económico, reducir la pobreza y mejorar la estabilidad social. La investigación de Dean Karlan y Jonathan Zinman, por ejemplo, ha evidenciado que el acceso al crédito formal incrementa la inversión en pequeñas empresas, generando empleo y mejores ingresos. Sin embargo, estas oportunidades se pierden cuando se imponen restricciones a las tasas de interés.
En lugar de imponer límites arbitrarios, es fundamental abordar las causas estructurales que elevan los costos financieros en el país. Fomentar la competencia en el sistema financiero podría ser una solución efectiva. Investigaciones han mostrado que un mercado financiero más abierto y competitivo reduce los costos del crédito y mejora la eficiencia del sistema bancario. Además, la promoción de la educación financiera es clave para que los individuos tomen decisiones más informadas y accedan a mejores condiciones de crédito.
La digitalización del sistema financiero también ha demostrado ser un factor positivo. Estudios han mostrado que el uso de billeteras electrónicas y otras herramientas digitales puede facilitar el acceso a recursos financieros, especialmente en comunidades vulnerables. Sin embargo, el Congreso parece optar por un camino que perpetúa la exclusión financiera en lugar de buscar soluciones innovadoras.
La ironía de la situación es que las políticas que se implementan en nombre de la protección de los ciudadanos terminan perjudicándolos aún más. La decisión de mantener los topes a las tasas de interés es un claro ejemplo de cómo la falta de comprensión sobre los mercados financieros puede llevar a resultados desastrosos. Mientras otros países avanzan hacia la inclusión financiera, el Perú se aferra a fórmulas que han fracasado en otros contextos.
Es imperativo que los legisladores comprendan el daño que están causando con estas decisiones. La inclusión financiera no solo es un derecho, sino una herramienta esencial para el desarrollo económico y social. Ignorar los efectos negativos de las políticas actuales es condenar a miles de peruanos a la exclusión y a la trampa del crédito informal. La solución no radica en imponer restricciones, sino en crear un entorno que fomente la competencia, la educación financiera y la innovación en el sector financiero.
