Más de ocho millones de estudiantes en Perú han regresado a clases en un sistema educativo que enfrenta serias deficiencias. La reciente evaluación PISA ha colocado al país en el puesto 59 de 81 a nivel mundial en matemáticas, evidenciando un rendimiento académico insatisfactorio. Según el Ministerio de Educación (Minedu), solo el 23% de los alumnos alcanzó un puntaje satisfactorio en matemáticas en la evaluación censal de 2023, una caída notable desde el 31% en 2018. Este retroceso se debe a una combinación de factores estructurales y coyunturales que afectan la calidad educativa.
Uno de los problemas más críticos es la infraestructura escolar. El Minedu ha señalado que cerca de la mitad de las escuelas están en riesgo de colapso, afectando a aproximadamente el 20% de los estudiantes. Además, menos del 40% de los colegios cuentan con servicios básicos como electricidad, agua y desagüe, y menos de la mitad de las escuelas primarias tienen acceso a Internet. Esta falta de infraestructura adecuada no solo limita el aprendizaje, sino que también crea un ambiente inseguro para los estudiantes.
La calidad de la enseñanza también se ve comprometida por la aprobación de normativas que favorecen a docentes que no cumplen con los requisitos necesarios para garantizar un buen desempeño. En abril de 2024, el Congreso aprobó la reincorporación de más de 14,000 docentes que habían sido cesados por no cumplir con la Ley de Reforma Magisterial. Además, se propuso el nombramiento automático de docentes contratados con más de tres años de experiencia, sin necesidad de que rindan evaluaciones. Esta situación podría llevar a que cerca de 130,000 docentes sean nombrados sin haber pasado por los filtros de calidad establecidos.
A pesar de las grandes brechas en infraestructura y servicios básicos, el presupuesto para inversión educativa ha crecido solo un 4% en términos reales en la última década. En contraste, el presupuesto para remuneraciones ha aumentado un 60%, sin que esto se traduzca en mejoras significativas en la calidad de la enseñanza. La situación se agrava con el aumento de la delincuencia y la extorsión, que ha comenzado a afectar a las escuelas. Más de 450 colegios privados han sido extorsionados en lo que va del año, lo que ha llevado a muchos a aplazar el inicio de clases o a optar por la educación virtual, una alternativa que no es viable para muchos estudiantes debido a la falta de equipamiento tecnológico.
Desde Apoyo Consultoría, se proponen varias medidas para mejorar la calidad educativa en Perú. En primer lugar, se sugiere ampliar el alcance del Proyecto Especial de Inversión Pública (PEIP) Escuelas del Bicentenario, aprovechando el acuerdo de Gobierno a Gobierno con el Reino Unido para acelerar inversiones urgentes en infraestructura educativa. La asistencia técnica del Reino Unido ha permitido que esta unidad ejecutora logre una ejecución récord del 99% de su presupuesto en los últimos dos años, en contraste con la baja ejecución de otras entidades.
En segundo lugar, se propone garantizar el mantenimiento de la infraestructura escolar y la conexión a servicios básicos a través de Asociaciones Público-Privadas (APP). Este modelo permitiría asegurar el mantenimiento a largo plazo de las instalaciones y la provisión de servicios esenciales, al tiempo que se reduce la carga fiscal.
Además, es fundamental implementar un programa de capacitación y rediseñar la evaluación docente para promover la meritocracia. Las normas que permiten nombrar docentes sin exigir un filtro de desempeño atentan contra la calidad educativa. Por ello, se sugiere establecer un programa nacional de capacitación continua y acompañamiento para los docentes, así como rediseñar las evaluaciones para alinearlas con las competencias necesarias en el aula.
Finalmente, se debe fortalecer la lucha contra la extorsión en el contexto escolar. Aunque el Gobierno ha anunciado un Plan Escolar Seguro 2025, es necesario implementar acciones más específicas para desmantelar las organizaciones criminales responsables de la extorsión. Esto incluye mejorar el manejo de los penales y colaborar con el sector privado para recabar información y establecer sistemas de alerta.
La situación del sistema educativo peruano es crítica y requiere de acciones inmediatas y efectivas para revertir la tendencia negativa en el rendimiento académico y garantizar un entorno seguro y propicio para el aprendizaje.
