La minería en Perú enfrenta un panorama mixto, donde el aumento de los precios internacionales de metales como el cobre y el oro se contrasta con la realidad de proyectos rezagados y la creciente informalidad en el sector. En un reciente foro, el viceministro de Minería, Henry Luna, destacó que el cobre, el oro y el plomo representaron el 55% de las exportaciones totales del país en 2024, lo que subraya la importancia de estos recursos para la economía nacional. Sin embargo, la producción de oro ha caído a la mitad en los últimos 18 años, mientras que la minería ilegal ha crecido exponencialmente, lo que plantea serios desafíos para la industria formal.
La cartera de inversión minera ha crecido de $53 mil millones a $62 mil millones, pero la mayoría de los proyectos se encuentran estancados. Este estancamiento se debe a factores como la tramitología y los conflictos sociales, que dificultan la ejecución de proyectos significativos. A pesar de la reciente ampliación de la cartera de proyectos, muchos expertos consideran que el incremento no es suficiente para generar un impacto real en la economía.
El Instituto Peruano de Economía (IPE) ha señalado que la producción informal de oro ha aumentado un 31% en 2024, en contraste con un modesto crecimiento del 6.9% en la producción formal. Esto refleja una paradoja en la que, mientras los grandes proyectos mineros no avanzan, la minería ilegal prospera, ocupando espacios que deberían ser para la minería formal. La situación es alarmante, ya que la minería ilegal no solo afecta la producción, sino que también obstaculiza la exploración de nuevas reservas.
El ministro de Energía y Minas, Jorge Montero, anunció que la cartera de proyectos mineros ha pasado de 51 a 68, lo que representa un aumento en la inversión proyectada. Sin embargo, muchos en el sector consideran que este crecimiento es más nominal que real, ya que los proyectos no están avanzando a la velocidad necesaria. La falta de información sobre nuevos descubrimientos de yacimientos y el aumento de costos en proyectos existentes, como Tía María, complican aún más la situación.
Tía María, un proyecto clave en Arequipa, ha sido objeto de controversia y resistencia por parte de la población local. A pesar de esto, se estima que su desarrollo podría tener un efecto positivo en la economía, aumentando el Producto Bruto Interno (PBI) nacional en un 0.4%. La construcción de las obras principales de Tía María está programada para comenzar en agosto o septiembre de este año, lo que podría marcar un punto de inflexión en la inversión minera del país.
El IPE también ha enfatizado la necesidad de duplicar la inversión en minería, de $5,000 millones a $10,000 millones anuales, para aprovechar el favorable contexto de precios de los metales. La implementación de un shock desregulatorio por parte del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) se presenta como una oportunidad para mejorar la situación del sector. Este shock busca agilizar los procesos de consulta previa y simplificar la obtención de permisos, lo que podría facilitar el avance de proyectos mineros.
Los especialistas coinciden en que es crucial pasar a la acción y no dejar que la situación actual se prolongue. La falta de avances en la cartera de proyectos podría llevar a que se continúe hablando de los mismos problemas en el sector minero en el futuro. La necesidad de un enfoque proactivo y de colaboración entre el gobierno y la industria es más urgente que nunca para asegurar que Perú pueda capitalizar su riqueza mineral y mejorar su posición en el mercado global.
En resumen, la minería peruana se encuentra en una encrucijada. Con precios de metales en aumento y una cartera de proyectos que se expande, el país tiene la oportunidad de revitalizar su sector minero. Sin embargo, los desafíos de la informalidad, la tramitología y los conflictos sociales deben ser abordados con urgencia para garantizar un futuro sostenible y próspero para la minería en Perú.
