La presidenta de la República, Dina Boluarte, rompió su silencio después de 256 días sin conferencias de prensa, en un intento por justificar su reciente aumento de sueldo. En una conferencia, Boluarte abordó el incremento de su salario, que pasará de S/16,000 a S/35,568, lo que representa un aumento del 125%. Este anuncio ha generado un fuerte rechazo en la opinión pública, especialmente considerando que su nivel de aprobación es de solo el 3% y el país enfrenta problemas graves como la criminalidad organizada.
Durante la conferencia, Boluarte se escudó en la Ley Servir, que regula el régimen del Servicio Civil, argumentando que su aumento de sueldo es parte de un esfuerzo por unificar la fuerza laboral del Estado. «Desde hace más de 12 años existe el régimen del Servicio Civil, al cual todos los funcionarios y trabajadores del Estado deben dar el paso para que podamos unificar la fuerza laboral en un solo programa», afirmó. Sin embargo, su justificación ha sido cuestionada por varios analistas y exfuncionarios, quienes consideran que su decisión es más política que legal.
El ex primer ministro Pedro Cateriano criticó la decisión de Boluarte, sugiriendo que utilizar la Ley Servir como justificación es una excusa. «Bajo esa lógica, los anteriores presidentes pudieron haberse aumentado el sueldo, pero no lo hicieron por prudencia», comentó. Cateriano también destacó que la forma en que se anunció el aumento fue manipuladora, ya que el gobierno inicialmente negó que se estuviera considerando un incremento.
La controversia no solo se limita al aumento de sueldo. Boluarte también evitó responder preguntas sobre la denuncia penal interpuesta por su asesor, Juan José Santiváñez, contra la periodista Mónica Delta y el equipo del programa «Punto Final». Esta denuncia ha sido interpretada como un intento de amedrentamiento hacia la prensa, lo que ha generado preocupación entre los gremios periodísticos.
En la conferencia, Boluarte también se mostró reacia a responder preguntas que no estuvieran relacionadas con el tema de la minería informal, que era el motivo oficial de la convocatoria. Esto ha llevado a muchos a cuestionar su disposición a enfrentar la crítica y a rendir cuentas sobre su gestión. La presidenta dejó claro que solo respondería preguntas sobre temas de interés nacional, lo que ha sido interpretado como un intento de controlar la narrativa en torno a su administración.
El aumento de sueldo de Boluarte ha llevado a la oposición a presentar múltiples proyectos de ley para revocar el decreto que lo autorizó. Hasta el momento, se han registrado al menos ocho iniciativas legislativas en este sentido. Los constitucionalistas han señalado que el Congreso tiene la facultad de anular esta medida, lo que podría generar un nuevo conflicto entre el Ejecutivo y el Legislativo.
La falta de transparencia en el proceso también ha sido un punto de crítica. La calificación de «reservada» de los documentos relacionados con el aumento de sueldo ha suscitado dudas sobre la legalidad y la ética de la decisión. La presidenta no aclaró por qué su gobierno decidió clasificar la información, lo que ha alimentado aún más la desconfianza pública.
En un contexto donde la aprobación de su gobierno es extremadamente baja, el aumento de sueldo de Boluarte ha sido visto como un acto de desconexión con la realidad que enfrenta el país. La presidenta, al ser consultada sobre si realmente merece este aumento, insistió en que se está cumpliendo con la ley y que su gobierno está trabajando para mejorar la situación del país.
La conferencia de prensa se llevó a cabo en un momento crítico para la administración de Boluarte, que ha enfrentado una creciente presión por su falta de comunicación y por la percepción de ineficacia en su gestión. Analistas políticos han señalado que su aparición ante los medios fue una respuesta a la presión mediática y pública, más que un intento genuino de rendir cuentas.
A medida que la situación se desarrolla, la controversia en torno al aumento de sueldo de la presidenta Boluarte y su gestión en general seguirá siendo un tema candente en la agenda política del país. La falta de claridad y la resistencia a abordar cuestiones críticas solo aumentan la incertidumbre sobre el futuro de su administración y su capacidad para enfrentar los desafíos que enfrenta Perú.
