La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso de Perú ha decidido evaluar una nueva fecha para citar a la presidenta Dina Boluarte en relación con el Caso Rolex. Esta decisión se tomó durante una audiencia que se llevó a cabo el 11 de marzo, donde se discutieron los detalles del caso que involucra a la mandataria y al gobernador regional de Ayacucho, Wilfredo Oscorima.
María Acuña, presidenta de la subcomisión, informó que la solicitud para citar a Boluarte fue presentada por la congresista delegada de la denuncia. El objetivo de esta citación es esclarecer los hechos relacionados con el caso y permitir que la congresista pueda elaborar un informe final. Acuña enfatizó la importancia de tener claridad sobre los acontecimientos para avanzar en el proceso.
El abogado de Boluarte, Juan Carlos Portugal, defendió a la presidenta argumentando que el Ministerio Público no ha logrado establecer una conexión clara entre los decretos supremos emitidos a favor de Ayacucho y los relojes que fueron entregados a Boluarte por Oscorima. Según Portugal, no existe un vínculo temporal que justifique la acusación, y subrayó que Ayacucho no fue la única región beneficiada por las decisiones del gobierno.
La sesión de la subcomisión se llevó a cabo a puertas cerradas, lo que generó cierta controversia. La decisión de reservar la sesión fue solicitada por el abogado de la presidenta, quien argumentó que era necesario proteger la confidencialidad del proceso. Esta medida fue aceptada por Acuña, quien ordenó la salida de los periodistas de la sala donde se desarrollaba la audiencia.
El Caso Rolex ha captado la atención pública debido a las implicaciones legales y políticas que podría tener para la presidenta Boluarte. La situación se complica aún más por el contexto político actual en Perú, donde la inestabilidad y las tensiones entre el Ejecutivo y el Legislativo son palpables. La citación a Boluarte podría ser un punto de inflexión en su mandato, dependiendo de cómo se desarrollen los acontecimientos en el Congreso.
A medida que avanza la investigación, la presión sobre Boluarte y su administración aumenta. La presidenta ha enfrentado críticas por su gestión y por las acusaciones que la rodean, lo que podría afectar su popularidad y su capacidad para gobernar. La respuesta del gobierno a estas acusaciones será crucial en los próximos meses, especialmente con las elecciones generales de 2026 en el horizonte.
El caso también plantea preguntas sobre la transparencia y la rendición de cuentas en el gobierno peruano. La ciudadanía está cada vez más interesada en cómo se manejan los casos de corrupción y en la efectividad de las instituciones encargadas de investigar y sancionar a los funcionarios públicos. La forma en que el Congreso maneje el Caso Rolex podría sentar un precedente para futuros casos y para la confianza del público en el sistema político.
Por otro lado, la situación de Boluarte no es aislada. Otros exfuncionarios y políticos también se encuentran bajo la lupa de la justicia, lo que refleja un clima de creciente escrutinio en la política peruana. La interconexión de los casos y las investigaciones podría dar lugar a un panorama más amplio de corrupción que afecte a múltiples actores en el gobierno.
En resumen, la citación de Dina Boluarte por el Caso Rolex es un desarrollo significativo en el contexto político de Perú. La decisión de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales de evaluar una nueva fecha para su comparecencia subraya la seriedad de las acusaciones y la necesidad de esclarecer los hechos. A medida que se desarrollen los acontecimientos, será fundamental observar cómo responde el gobierno y qué impacto tendrá esto en la estabilidad política del país.
