La reciente convocatoria a elecciones generales por parte de la presidenta Dina Boluarte ha desatado un debate en el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) sobre la elegibilidad de los partidos políticos. Según el presidente del JNE, Roberto Burneo, solo 41 agrupaciones políticas que tengan su inscripción vigente hasta la fecha de la convocatoria podrán participar en los comicios programados para el 12 de abril de 2026. Esta afirmación se basa en la resolución N°0108-2025-JNE, que establece que para participar en cualquier proceso electoral, los partidos deben contar con su inscripción vigente a más tardar en la fecha de la convocatoria.
Sin embargo, esta interpretación ha sido cuestionada por otros miembros del JNE y expertos en derecho electoral. Willy Ramírez, integrante del pleno del JNE, argumentó que la Ley de Organizaciones Políticas permite que los partidos que logren su inscripción hasta el 12 de abril puedan participar. Esto sugiere que podría haber entre tres y cinco partidos adicionales que se sumen a los 41 ya inscritos, lo que elevaría el número total de participantes a aproximadamente 44 o 45.
La controversia se centra en la aparente discrepancia entre el reglamento del Registro de Organizaciones Políticas (ROP) y la Ley de Organizaciones Políticas. Burneo ha defendido su postura, afirmando que el reglamento, que se basa en una norma de hace diez años, establece que solo las organizaciones inscritas hasta la fecha de la convocatoria pueden participar. Sin embargo, Ramírez y otros expertos sostienen que la ley debe prevalecer sobre el reglamento, lo que podría permitir la inclusión de más partidos.
El debate ha generado tensiones dentro del JNE, y fuentes cercanas a la institución han indicado que se discutirá en los próximos días qué criterio se aplicará. La necesidad de ajustar el reglamento del ROP a la Ley de Partidos Políticos es un tema que se ha vuelto urgente, ya que la interpretación actual podría llevar a que partidos legítimamente inscritos queden excluidos de la contienda electoral.
Expertos en derecho electoral, como José Manuel Villalobos y Enzo Elguera, han coincidido en que un reglamento no puede contradecir lo que establece una ley. Villalobos ha señalado que el JNE tiene la opción de adaptar el reglamento o eliminar la disposición que impide la participación de nuevos partidos. De no hacerlo, advierte que podrían enfrentar demandas por abuso de autoridad.
La situación es compleja y refleja la necesidad de una clara interpretación de las normas electorales en el país. La presidenta Boluarte, al convocar a elecciones anticipadas, ha puesto en marcha un proceso que, aunque busca dar respuesta a la crisis política, también ha generado incertidumbre sobre la participación de diversas agrupaciones políticas.
En este contexto, el JNE se enfrenta a la responsabilidad de garantizar un proceso electoral justo y transparente, que permita la participación de todos los partidos que cumplan con los requisitos legales. La discusión sobre la elegibilidad de los partidos es solo una de las muchas cuestiones que deberán abordarse en los próximos meses, a medida que se acerque la fecha de las elecciones.
Mientras tanto, el JNE ha anunciado que en los primeros días de la próxima semana se presentará el cronograma electoral, lo que permitirá avanzar en la organización de los comicios. Burneo también ha mencionado la necesidad de recursos adicionales para llevar a cabo las elecciones, lo que añade otra capa de complejidad a un proceso ya de por sí complicado.
La situación actual pone de manifiesto la importancia de la claridad y la coherencia en las normas electorales, así como la necesidad de un diálogo constructivo entre las diferentes partes involucradas en el proceso electoral. A medida que se desarrollan los acontecimientos, será crucial seguir de cerca cómo se resuelven estas discrepancias y qué impacto tendrán en la configuración del panorama político de cara a las elecciones de 2026.