En una reciente sesión, el Congreso de la República aprobó la restitución de la detención preliminar en casos de no flagrancia, una medida que había sido eliminada en diciembre de 2024. Esta decisión se tomó en medio de un clima de creciente inseguridad ciudadana y presiones políticas, lo que ha generado un intenso debate sobre su necesidad y aplicación.
La votación se llevó a cabo el pasado jueves, donde se registraron 86 votos a favor y solo seis en contra, todos pertenecientes a la bancada de Perú Libre, que es controlada desde la clandestinidad por el prófugo Vladimir Cerrón. Este bloque intentó dilatar la decisión solicitando un cuarto intermedio, argumentando que era necesario delimitar los delitos por los cuales se podría ordenar la detención preliminar. Sin embargo, su propuesta fue rechazada, y el presidente del Congreso, Eduardo Salhuana, ordenó la publicación inmediata de la norma en el diario oficial «El Peruano».
La restitución de la detención preliminar permitirá nuevamente la detención de personas vinculadas a delitos graves como corrupción, violación, robos y asesinatos, incluso si no son sorprendidas en el acto. Esta medida no incluye las modificaciones que había propuesto la presidenta Dina Boluarte, lo que ha generado críticas sobre su alcance y efectividad.
Durante el debate, la congresista Norma Yarrow de Renovación Popular expresó su preocupación por la presión que enfrentaron los voceros de las bancadas para firmar el acta virtual necesaria para ampliar la agenda de la sesión. Yarrow hizo referencia a un reciente asesinato en la estación Jorge Chávez del Metro de Lima, sugiriendo que la urgencia de la situación había llevado a los congresistas a actuar rápidamente.
Por su parte, el vocero de Perú Libre, Flavio Cruz, argumentó que la detención preliminar podría dar lugar a abusos y que era necesario establecer límites claros sobre los delitos que justificarían esta medida. Sin embargo, su propuesta no fue bien recibida, y otros congresistas coincidieron en que la restitución era necesaria para combatir la delincuencia.
El proceso de aprobación de esta medida había estado marcado por demoras y cuestionamientos. Durante la sesión, se discutieron otros temas, como la declaración del 10 de febrero como el «Día del charango peruano», lo que llevó a varios legisladores a criticar la falta de atención a la creciente inseguridad en el país. La congresista Flor Pablo, quien no pertenece a ninguna bancada, cuestionó la priorización de ciertos temas sobre la seguridad ciudadana, enfatizando que la falta de la detención preliminar estaba impidiendo la acción contra delincuentes.
La detención preliminar había sido eliminada con la promulgación de la Ley 32181, pero tras una serie de cuestionamientos y un contexto de creciente violencia, el Congreso decidió enviar al Ejecutivo una autógrafa de ley para restablecer la medida. Sin embargo, el gobierno devolvió la propuesta con observaciones, lo que llevó a la Comisión de Justicia a insistir en su aprobación.
Finalmente, el 5 de febrero, la Comisión de Justicia aprobó por mayoría rechazar las observaciones del Ejecutivo y avanzar con la restitución de la detención preliminar. Este proceso culminó con la votación en el pleno del Congreso, que se realizó tras un receso parlamentario que había retrasado la discusión.
La aprobación de esta medida ha generado reacciones mixtas entre los legisladores y la población. Algunos ven en ella una herramienta necesaria para combatir la delincuencia, mientras que otros advierten sobre el riesgo de abusos y la falta de garantías para los derechos de los ciudadanos. La discusión sobre la detención preliminar y su aplicación seguirá siendo un tema candente en el ámbito político y social del país.
