El Ministerio de Energía y Minas (Minem) de Perú ha lanzado una ambiciosa estrategia para formalizar a los mineros artesanales y pequeños mineros en un plazo de seis meses, con la posibilidad de prorrogar este periodo por otros seis. Esta iniciativa surge como respuesta a un mandato del Congreso y busca abordar la problemática de la minería informal y su relación con la delincuencia organizada.
La formalización de la minería artesanal es un tema crítico en Perú, donde la minería informal ha proliferado, generando no solo problemas económicos, sino también sociales y ambientales. Jorge Montero, ministro de Energía y Minas, ha enfatizado que el objetivo es diferenciar entre mineros informales que desean regularizar su actividad y aquellos que operan de manera ilegal. «Nunca mezclemos (mineros) ilegales con informales. Los mineros ilegales no son administrados por este ministerio», aclaró Montero, subrayando la necesidad de depurar el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo).
El Reinfo fue creado en 2016 con el fin de identificar a los mineros que deseaban formalizarse. Sin embargo, de los 83,709 mineros inscritos, solo el 21% cumple con los requisitos mínimos de formalización, lo que indica que la mayoría no está en condiciones de regularizar su actividad. Esta situación ha llevado al Minem a sospechar que muchos titulares de Reinfo utilizan su inscripción para encubrir actividades ilegales.
Para abordar esta problemática, el Minem ha propuesto una depuración del Reinfo, con el objetivo de identificar a los mineros que realmente desean formalizarse. Máximo Gallo, director general de Formalización Minera, ha señalado que la meta es formalizar entre 20,000 y 30,000 mineros en 2025, incluyendo tanto a los inscritos en el Reinfo como a los operarios mineros asociados. Esta cifra es ambiciosa, considerando que en los últimos doce años solo se han formalizado 2,800 Reinfos.
Uno de los principales obstáculos que enfrentan los mineros en vías de formalización es la dificultad para firmar contratos de explotación con los titulares de las concesiones mineras que ocupan. La mayoría de estos titulares son pequeños mineros que no están interesados en trabajar sus concesiones, sino en obtener ingresos a través de regalías. Esta situación crea un entorno propicio para la informalidad y la corrupción, ya que muchos de estos contratos son informales y no generan ingresos para el Estado.
Para solucionar este problema, el Minem ha propuesto asignar concesiones mineras ociosas a los mineros en vías de formalización. Esta medida, que requiere la colaboración del Congreso, busca eliminar la impunidad que permite a los titulares de concesiones no trabajar sus tierras mientras los mineros informales las ocupan. Gallo ha enfatizado que el Minem no tiene interés en afectar a las grandes y medianas mineras, que sí trabajan sus concesiones, sino en regularizar la situación de los pequeños mineros y aquellos que no cumplen con sus obligaciones.
Además, el Minem planea crear un Fondo Minero que se financiaría con recursos públicos y privados, destinado exclusivamente a los mineros formalizados. Este fondo servirá como un incentivo para que los mineros informales busquen su regularización, ofreciendo recursos para facilitar su transición hacia la formalidad. La creación de este fondo es vista como una medida crucial para el éxito de la formalización, ya que sin incentivos claros, muchos mineros no verán el valor de regularizar su actividad.
El contexto de la minería en Perú es complejo y está marcado por la necesidad de equilibrar la formalización con la lucha contra la minería ilegal. La estrategia del Minem busca no solo formalizar a los mineros, sino también erradicar la delincuencia que se ha infiltrado en el sector. La depuración del Reinfo y la creación de un marco legal que facilite la formalización son pasos necesarios para lograr un sector minero más transparente y sostenible.
En resumen, el Minem se enfrenta a un desafío monumental al intentar formalizar a un sector que ha estado históricamente marcado por la informalidad y la ilegalidad. Sin embargo, con un enfoque claro y medidas concretas, existe la posibilidad de transformar la minería artesanal en una actividad regulada y beneficiosa tanto para los mineros como para el Estado.
