El Gobierno peruano ha anunciado un nuevo proyecto que busca modificar la Ley de Radio y Televisión, creando una franja informativa obligatoria para que los medios de comunicación difundan las acciones del Ejecutivo en la lucha contra la delincuencia, especialmente en el contexto del estado de emergencia declarado en Lima Metropolitana y Callao. Esta medida fue presentada por el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Eduardo Arana, durante una conferencia de prensa que tuvo lugar en el Cuarto de Guerra contra la delincuencia, donde se discutieron las estrategias del Gobierno para enfrentar el aumento de la criminalidad en estas regiones.
El proyecto de ley tiene como objetivo asegurar que la población esté informada sobre las acciones que se están llevando a cabo para combatir la inseguridad. Arana explicó que, además de esta franja informativa, su ministerio está trabajando en la intervención de los penales y centros juveniles en Lima y Callao, como parte de las medidas implementadas bajo el estado de emergencia.
Sin embargo, esta iniciativa ha suscitado preocupaciones entre diversos sectores, especialmente en lo que respecta a la libertad de prensa y expresión. La Sociedad Nacional de Radio y Televisión (SNRTV) ha advertido que la propuesta podría representar una amenaza para los medios de comunicación, dado que se les obligaría a difundir información que podría ser considerada propaganda del Gobierno.
La propuesta se enmarca en un contexto más amplio de restricciones a las libertades de expresión en el país. Un informe del Consejo de la Prensa Peruana (CPP) reveló que más del 80% de los casos de agresión a la libertad de expresión en Perú provienen del Poder Ejecutivo. Esto ha llevado a que organizaciones defensoras de la libertad de prensa expresen su preocupación por el deterioro de estas libertades en el país.
Además, el Congreso de la República ha estado trabajando en otras iniciativas que también han sido criticadas por su potencial impacto en la libertad de prensa. Recientemente, se aprobó un dictamen que eleva las penas por los delitos de calumnia y difamación, lo que podría tener un efecto disuasorio sobre la labor periodística. Esta modificación al Código Penal permitiría a los jueces imponer reparaciones civiles a los querellantes, lo que podría resultar en un clima de autocensura entre los periodistas.
La situación se complica aún más con la reciente declaración de estado de emergencia en Lima y Callao, que se extiende por 30 días. Esta medida ha sido justificada por el Gobierno como una respuesta necesaria ante el aumento de la criminalidad, pero también ha generado críticas por la forma en que se están manejando las libertades civiles en el país. Durante este periodo, las fuerzas del orden tienen mayores facultades para actuar, lo que ha llevado a un debate sobre el equilibrio entre la seguridad y los derechos individuales.
En este contexto, el ministro Arana ha enfatizado que el Gobierno está comprometido a mantener el principio de autoridad en los penales y a garantizar la seguridad de la población. Sin embargo, la implementación de estas medidas ha sido recibida con escepticismo por parte de analistas y defensores de derechos humanos, quienes advierten que la falta de transparencia y el control sobre la información pueden agravar la situación de los derechos civiles en el país.
La propuesta de crear una franja informativa obligatoria para los medios de comunicación se suma a un conjunto de acciones que han sido interpretadas como un intento del Gobierno por controlar la narrativa en torno a la seguridad y la delincuencia. A medida que se acercan las elecciones de 2026, la forma en que el Gobierno maneje estas cuestiones será crucial para la percepción pública y la confianza en las instituciones democráticas.
En resumen, la iniciativa del Gobierno para obligar a los medios a difundir información sobre sus acciones contra la delincuencia plantea serias interrogantes sobre la libertad de prensa en Perú. A medida que se implementan estas medidas, será fundamental observar cómo se desarrollan los acontecimientos y cómo se equilibran las necesidades de seguridad con el respeto a los derechos fundamentales de los ciudadanos.
