El Congreso de la República ha tomado una decisión significativa al aprobar la creación de una comisión multipartidaria que se encargará de investigar el acuerdo de colaboración eficaz firmado entre el Ministerio Público y la constructora brasileña Odebrecht. Esta medida, aprobada el 12 de marzo de 2025, busca esclarecer los detalles de un acuerdo que ha sido objeto de controversia desde su firma en 2019.
La votación se llevó a cabo con un resultado contundente: 92 votos a favor, 4 en contra y 2 abstenciones. La iniciativa fue presentada por la bancada de Renovación Popular, que ha estado a la vanguardia en la búsqueda de transparencia en este caso. La nueva comisión tendrá la responsabilidad de investigar todos los aspectos relacionados con la negociación, celebración, homologación y ejecución del acuerdo de colaboración, así como los efectos que este haya tenido en los derechos e intereses del Estado peruano.
El acuerdo en cuestión fue firmado en un contexto de crisis de confianza en las instituciones peruanas, especialmente tras los escándalos de corrupción que involucraron a Odebrecht y a varios exfuncionarios del gobierno. Este acuerdo, que se considera un mecanismo de cooperación entre el Estado y la empresa, ha sido criticado por su falta de transparencia y por las implicaciones que tiene para la justicia en el país.
En diciembre de 2024, el Tribunal Constitucional ordenó la publicación del acuerdo, lo que generó un nuevo debate sobre la necesidad de que la ciudadanía tenga acceso a información que podría ser crucial para entender la magnitud de la corrupción en el país. Este fallo fue resultado de un recurso presentado por el conductor de televisión Phillip Butters, quien argumentó que se había vulnerado el derecho de acceso a la información pública.
La creación de esta comisión no solo responde a la necesidad de esclarecer el acuerdo con Odebrecht, sino que también refleja un creciente clamor por parte de la sociedad civil y de diversos sectores políticos que exigen rendición de cuentas. La corrupción ha sido un tema recurrente en la agenda política peruana, y la falta de acciones concretas para abordar este problema ha llevado a una desconfianza generalizada en las instituciones.
La comisión tendrá la tarea de determinar si el acuerdo de colaboración eficaz ha generado efectos lesivos para el Estado, lo que podría tener repercusiones significativas en el futuro de la política peruana. La investigación no solo se centrará en el acuerdo original, sino también en un acuerdo complementario que fue firmado en mayo de 2019, lo que sugiere que el alcance de la investigación podría ser amplio y profundo.
Desde su firma, el acuerdo ha sido considerado como un intento de la fiscalía por obtener información valiosa sobre la corrupción en el país, pero también ha sido criticado por la manera en que se ha manejado. La fiscalía ha mantenido el acuerdo en reserva, argumentando que solo las partes directamente involucradas deberían tener acceso a él. Sin embargo, la presión pública y las decisiones judiciales recientes han comenzado a cambiar esta dinámica.
La creación de esta nueva comisión es un paso importante hacia la transparencia y la rendición de cuentas en el contexto de la corrupción en Perú. Sin embargo, el éxito de esta iniciativa dependerá de la voluntad política de los miembros del Congreso y de su compromiso con la verdad y la justicia. La sociedad civil estará atenta a los avances de esta investigación, esperando que se tomen medidas concretas para abordar la corrupción y restaurar la confianza en las instituciones.
En un país donde la corrupción ha socavado la confianza en el gobierno y en las instituciones, la creación de esta comisión representa una oportunidad para que el Congreso demuestre su compromiso con la transparencia y la justicia. La sociedad espera que esta investigación no solo arroje luz sobre el acuerdo con Odebrecht, sino que también sirva como un precedente para futuras acciones en la lucha contra la corrupción en Perú.
