Recientemente, la Fiscalía de la Nación ha iniciado diligencias contra los partidos Fuerza Popular y País para Todos, tras recibir denuncias que sugieren que ambas agrupaciones podrían estar incurriendo en conductas antidemocráticas. Esta decisión ha generado un amplio debate en el ámbito político y social, con opiniones divididas sobre la legalidad de las acciones de la Fiscalía y su impacto en el proceso electoral que se avecina.
El inicio de estas diligencias fue ordenado por la fiscal de la Nación, Delia Espinoza, y se ha encomendado al fiscal adjunto supremo Dante Pimentel Cruzado la tarea de evaluar si corresponde solicitar a la Corte Suprema que declare ilegales a estos partidos. Esta situación se asemeja a la que enfrentó la Alianza Nacional de Trabajadores, Agricultores, Universitarios, Reservistas y Obreros (A.N.T.A.U.R.O.), que fue disuelta por sus vínculos con el etnocacerismo.
Las denuncias contra Fuerza Popular, liderada por Keiko Fujimori, incluyen acusaciones de aportes irregulares de Odebrecht durante la campaña de 2011, así como la controversia de los “Mamani videos” y la relación con grupos como La Resistencia. La denunciante, Beatriz Cano Bernales, argumenta que estas acciones han fomentado la polarización y la violencia en la sociedad peruana.
Por su parte, el partido País para Todos, cuyo líder es el actor cómico Carlos Álvarez, enfrenta acusaciones de promover la violencia a través de discursos que sugieren la pena de muerte para violadores de menores y la expulsión de ciudadanos extranjeros. Javier Sulca Cáceres, quien presentó la denuncia, sostiene que estos comentarios constituyen conductas antidemocráticas.
La reacción de los líderes de ambos partidos ha sido de rechazo a las diligencias. Keiko Fujimori expresó su preocupación por lo que considera un intento de la Fiscalía de debilitar a los partidos políticos en un momento crítico, justo antes de las elecciones generales de 2026. En sus declaraciones, Fujimori ha enfatizado que el enfoque de la Fiscalía debería estar en combatir la delincuencia en lugar de investigar a partidos políticos.
Desde el lado de País para Todos, Carlos Álvarez ha defendido su posición, argumentando que sus comentarios han sido malinterpretados y que la denuncia en su contra tiene motivaciones políticas. Asegura que su propuesta de pena de muerte se refiere a casos específicos y no es un llamado generalizado a la violencia.
El debate se ha intensificado, con otros partidos políticos y expertos en derecho expresando su preocupación por el uso de la Fiscalía para fines políticos. Renovación Popular, por ejemplo, ha emitido un comunicado rechazando la utilización de la investigación como un medio para interferir en el proceso electoral. El presidente de Acción Popular, Julio Chávez, también ha advertido sobre los peligros de judicializar la política, sugiriendo que esto podría sentar un precedente negativo para la democracia.
Expertos en derecho constitucional han calificado las acciones de la Fiscalía como un exceso, argumentando que la apertura de investigaciones basadas en denuncias de terceros puede ser perjudicial para el sistema democrático. Natale Amprimo, abogado constitucionalista, ha señalado que la Fiscalía debería actuar con mayor prudencia y no permitir que denuncias sin fundamento sólido afecten la legalidad de partidos políticos.
El fiscal Dante Pimentel ha defendido la decisión de iniciar las diligencias, aclarando que no se trata de investigaciones penales, sino de indagaciones preliminares para determinar la validez de las denuncias. Sin embargo, esta aclaración no ha logrado calmar las tensiones, y muchos continúan cuestionando la motivación detrás de estas acciones.
La Asociación Civil Transparencia ha manifestado su preocupación por el impacto que estas investigaciones pueden tener en el proceso electoral, argumentando que la decisión de investigar a partidos políticos basándose en denuncias particulares podría ser peligrosa para la democracia. Walter Gutiérrez, ex defensor del Pueblo, ha instado a la fiscal de la Nación a corregir lo que considera un exceso que podría afectar el proceso electoral.
A medida que se acercan las elecciones de 2026, la situación se vuelve cada vez más tensa. La incertidumbre sobre el futuro de Fuerza Popular y País para Todos, así como el papel de la Fiscalía en este contexto, plantea preguntas críticas sobre la salud de la democracia en el país. La respuesta a estas interrogantes será fundamental para el desarrollo político en Perú en los próximos años.