La situación política en Perú se ha visto marcada por la reciente censura del exministro del Interior, Juan José Santiváñez, quien enfrenta serias acusaciones de corrupción y tráfico de influencias. Este escándalo ha captado la atención de la opinión pública y ha generado un debate sobre la integridad de las instituciones del país.
Las investigaciones en curso han revelado comunicaciones comprometedores entre Santiváñez y testigos protegidos, donde se discuten pagos y gestiones para influir en decisiones del Tribunal Constitucional (TC). Según la fiscalía, Santiváñez, en su calidad de abogado antes de asumir el cargo ministerial, habría estado involucrado en un esquema para asegurar una resolución favorable para su cliente, Miguel Joel Marcelo Salirrosas, un expolicía condenado por diversos delitos.
Las pruebas presentadas por la fiscalía incluyen conversaciones de WhatsApp donde Santiváñez menciona la necesidad de realizar pagos a “asesores externos” para facilitar el trámite de un hábeas corpus. Este tipo de comunicación ha llevado a la fiscalía a investigar la naturaleza de su relación con el TC y la posible existencia de un esquema de corrupción.
El caso se remonta a enero de 2024, cuando Santiváñez comenzó a gestionar el hábeas corpus de Salirrosas. En las conversaciones, se menciona un pago inicial de S/20 mil, además de otros US$20 mil que supuestamente estaban destinados a influir en los magistrados del TC. Los testigos protegidos han corroborado que Santiváñez les aseguró tener contactos dentro del TC que le proporcionaban información sobre el estado del expediente.
La situación se complica aún más con la revelación de que, a pesar de haber asumido el cargo de ministro del Interior, Santiváñez continuó en contacto con sus antiguos clientes, asegurando que estaba gestionando el caso de Salirrosas. En una conversación previa a su interpelación en el Congreso, Santiváñez le escribió a un testigo protegido que, tras su presentación, “cuadrarían todo”, lo que sugiere que estaba intentando mantener su influencia en el caso a pesar de su nueva posición.
El magistrado Gustavo Gutiérrez, presidente de la Segunda Sala del TC en el momento de los hechos, ha negado cualquier vínculo con Santiváñez y ha expresado su indignación por la mención de su nombre en este contexto. Gutiérrez ha afirmado que no ha tenido contacto con el exministro y que cualquier intento de influir en el TC sería inaceptable.
Por su parte, la defensa de Santiváñez ha argumentado que los pagos discutidos en las conversaciones eran honorarios legítimos por servicios legales prestados. Sin embargo, la fiscalía sostiene que la naturaleza de las comunicaciones y los pagos sugiere un intento de manipular el sistema judicial.
La situación ha generado un clima de incertidumbre en el gobierno de Dina Boluarte, quien ha convocado elecciones generales para abril de 2026. La presión sobre su administración aumenta a medida que se revelan más detalles sobre la corrupción en su gabinete. La censura de Santiváñez es vista como un intento del Congreso de distanciarse de las acusaciones de corrupción que han afectado a varios miembros del gobierno.
El caso de Santiváñez es solo uno de los muchos escándalos que han sacudido la política peruana en los últimos años. La percepción de corrupción y falta de transparencia ha llevado a un creciente descontento entre la población, que exige una reforma profunda en las instituciones del país. A medida que avanza la investigación, se espera que más detalles salgan a la luz, lo que podría tener implicaciones significativas para el futuro político de Perú y la confianza en su sistema judicial.
La situación actual plantea preguntas sobre la capacidad del gobierno para manejar la crisis y restaurar la confianza pública. La presión sobre Boluarte y su administración es palpable, y el desenlace de este caso podría ser un factor determinante en las elecciones venideras.
