Recientemente, la cuenta oficial de la Presidencia de la República de Perú emitió un comunicado en el que desmentía la autenticidad de varias imágenes atribuidas a la presidenta Dina Boluarte. Estas fotografías, que supuestamente mostraban su rostro tras una cirugía, fueron calificadas como «imágenes generadas con inteligencia artificial». Este anuncio se realizó el 15 de marzo de 2025, a través de las redes sociales oficiales del gobierno, donde se instó a la población a no caer en la trampa de las noticias falsas.
La controversia comenzó cuando varios medios de comunicación, incluyendo programas de televisión, difundieron imágenes que supuestamente mostraban a Boluarte después de una operación a la que se sometió a mediados de 2023. La intervención quirúrgica, que fue revelada por el ex primer ministro Alberto Otárola, ha sido objeto de debate, ya que la presidenta no notificó formalmente al gabinete ministerial ni al Congreso sobre su ausencia por motivos de salud.
La Fiscalía de la Nación ha iniciado una investigación preliminar contra Boluarte por el posible delito de abandono del cargo, debido a su decisión de someterse a la cirugía sin la debida comunicación a las autoridades pertinentes. Este proceso se inició en diciembre de 2024, y la presidenta ha tenido que comparecer ante la Fiscalía para aclarar su situación.
El escándalo se intensificó cuando se difundió un audio atribuido a Patricia Muriano, una exasistente de Boluarte, en el que se afirmaba que la operación a la que se sometió la presidenta fue de carácter estético. En esta grabación, Muriano menciona que la presidenta había sustraído su historia clínica y que no hubo un pago formal por la operación, sino un intercambio de favores. Estas declaraciones han generado aún más dudas sobre la transparencia de la presidenta y su entorno.
La respuesta del gobierno a la difusión de las imágenes generadas por inteligencia artificial ha sido clara: se busca proteger la imagen de la presidenta y evitar que se propague información errónea. Sin embargo, la situación ha puesto de manifiesto la creciente preocupación por el uso de la inteligencia artificial en la creación de contenido engañoso, que puede tener un impacto significativo en la percepción pública de figuras políticas.
La utilización de imágenes manipuladas o generadas artificialmente no es un fenómeno nuevo, pero su proliferación en redes sociales ha llevado a un aumento en la desinformación. En este contexto, el gobierno ha hecho un llamado a la ciudadanía para que mantenga un pensamiento crítico ante la información que consume, especialmente en un entorno donde las noticias falsas pueden propagarse rápidamente.
La controversia también ha suscitado un debate más amplio sobre la ética en la política y la responsabilidad de los líderes en la comunicación con el público. La falta de transparencia en la gestión de la salud de una figura pública como Boluarte plantea preguntas sobre la confianza que los ciudadanos pueden tener en sus líderes. En un país donde la corrupción y la falta de rendición de cuentas son temas recurrentes, la situación actual de la presidenta podría tener repercusiones en su imagen y en la percepción del gobierno en su conjunto.
Mientras tanto, la investigación de la Fiscalía continúa, y los ciudadanos esperan respuestas claras sobre la situación de su presidenta. La combinación de la política, la salud y la tecnología en este caso ha creado un escenario complejo que podría tener implicaciones duraderas en la política peruana. La capacidad de las instituciones para manejar la desinformación y la transparencia en la comunicación serán cruciales para restaurar la confianza pública y garantizar que los líderes rindan cuentas por sus acciones.
