La presidenta Dina Boluarte ha generado un intenso debate al referirse a un supuesto ‘golpe blanco’ en su contra, un término que ha captado la atención de analistas políticos y ciudadanos por igual. Este concepto, que se relaciona con la idea de un ‘soft coup’ o golpe blando, implica una serie de maniobras que buscan desestabilizar un gobierno sin recurrir a la violencia. Boluarte ha señalado que fiscales y medios de comunicación están involucrados en esta supuesta conspiración, lo que ha llevado a cuestionamientos sobre la autonomía del sistema judicial y la libertad de prensa en el país.
La noción de ‘golpe blando’ fue popularizada por el politólogo Gene Sharp, quien describió cómo se puede derrocar a un régimen mediante la creación de un clima de descontento y la deslegitimación de las autoridades. En este contexto, Boluarte ha argumentado que su gobierno está siendo atacado por una combinación de denuncias de corrupción y una campaña mediática que busca presentarla como represora y autoritaria. Sin embargo, la pregunta que surge es si realmente existe una coordinación entre los fiscales y los medios para llevar a cabo este plan.
El Ministerio Público, bajo la dirección de la Fiscal de la Nación, Delia Espinoza, tiene la capacidad de abrir investigaciones y solicitar medidas cautelares contra funcionarios, incluyendo a la presidenta y sus ministros. Sin embargo, la autonomía de las fiscalías y la independencia del Poder Judicial complican la idea de un golpe organizado. Espinoza ha enfrentado críticas por su gestión, y algunos analistas sugieren que su actuación ha sido más reactiva que proactiva, lo que podría debilitar la percepción de un complot en su contra.
Uno de los puntos más controvertidos ha sido la denuncia constitucional contra varios congresistas que facilitaron la promulgación de una ley que beneficiaba a policías y militares en retiro. Esta acción ha sido vista como una maniobra política que podría haber sido evitada o manejada de manera más sutil. Además, la reciente decisión de allanar la casa del ministro del Interior, Juan José Santiváñez, ha coincidido con la publicación de reportajes que lo vinculan con actos de corrupción, lo que ha llevado a la presidenta a acusar a la Fiscalía de actuar en complicidad con los medios.
La situación se complica aún más con la aparición de figuras políticas como Vladimir Cerrón, quien ha respaldado la narrativa del ‘golpe blando’ y ha instado a Boluarte a tomar medidas drásticas contra la Fiscalía. Cerrón, ex socio político de la presidenta, ha propuesto una reestructuración del Ministerio Público, lo que refleja la polarización política en el país y la falta de consenso sobre cómo abordar las crisis institucionales.
Por otro lado, la reacción internacional ante las acusaciones de Boluarte ha sido de preocupación, especialmente en lo que respecta a la independencia del sistema judicial y la libertad de prensa. Organismos como la Sociedad Interamericana de Prensa han manifestado su inquietud por el impacto que estas declaraciones pueden tener en la percepción global de la democracia en Perú.
En medio de este contexto, la presidenta ha intentado consolidar su poder y desviar la atención de las críticas hacia su gestión. Sin embargo, la falta de evidencias concretas sobre un complot organizado y la resistencia de las instituciones a ser manipuladas por el Ejecutivo plantean serias dudas sobre la viabilidad de su narrativa. La percepción de un ‘golpe blando’ podría ser más una estrategia de defensa que una realidad palpable.
La situación actual en Perú refleja una lucha de poder en la que las instituciones, los medios y el gobierno se encuentran en un delicado equilibrio. La acusación de un ‘golpe blanco’ por parte de Boluarte no solo busca deslegitimar a sus opositores, sino que también pone en tela de juicio la capacidad del gobierno para manejar la crisis política y social que enfrenta. En este escenario, la capacidad de concertar voluntades y generar un clima de estabilidad será crucial para el futuro del país.
