En el contexto político actual de Perú, el uso del retiro de firmas se ha convertido en una táctica recurrente entre los congresistas, especialmente durante el mandato de la presidenta Dina Boluarte. Esta estrategia busca obstaculizar el avance de mociones de control político, como interpelaciones y censuras, que son herramientas fundamentales para la fiscalización del gobierno. En los últimos dos años, se han registrado 33 mociones en las que 50 parlamentarios han retirado sus firmas en 106 ocasiones, lo que refleja un patrón preocupante en la dinámica legislativa.
Las mociones de interpelación permiten a los congresistas citar a ministros para que respondan a preguntas sobre su gestión. Sin embargo, el retiro de firmas ha demostrado ser una forma efectiva de bloquear estas iniciativas. Un caso notable es el de la moción presentada el 13 de marzo contra el ministro de Trabajo, Daniel Maurate, en relación con la crisis de EsSalud. A pesar de contar con 24 firmas inicialmente, el retiro de siete de ellas llevó al archivo de la moción, dejando solo 17, por debajo del mínimo requerido.
Este fenómeno no es aislado y se ha repetido en otras mociones, como la interpelación contra el presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén. Aunque en este caso el trámite no se ha detenido, la práctica del retiro de firmas sigue siendo una preocupación para la transparencia y la rendición de cuentas en el Congreso.
Las bancadas más involucradas en esta táctica son Podemos, Acción Popular, Juntos por el Perú-Voces del Pueblo y el Bloque Magisterial. Juntas, estas agrupaciones han retirado más del 68% de las firmas en mociones de control político. Entre los congresistas que más han utilizado esta estrategia se encuentra Jorge Coayla de JPP-Voces del Pueblo, quien ha retirado su firma en seis ocasiones, seguido por miembros de Podemos y Acción Popular.
El abogado especializado en temas parlamentarios, Martin Cabrera, señala que el aumento del retiro de firmas se debe a la fragmentación del Parlamento. En este contexto, las negociaciones se realizan de manera más individual, lo que permite a los congresistas actuar de acuerdo a intereses personales o de grupo, en lugar de seguir una línea de partido cohesiva. Esta tendencia se ha intensificado desde el final del gobierno de Ollanta Humala y se ha consolidado durante las administraciones de Pedro Castillo y Dina Boluarte.
El impacto de esta práctica es significativo, ya que no solo afecta la capacidad del Congreso para ejercer control sobre el Ejecutivo, sino que también puede tener repercusiones en la confianza pública hacia las instituciones democráticas. La percepción de que los congresistas actúan en función de intereses particulares, en lugar de representar a sus electores, puede erosionar la legitimidad del proceso legislativo.
Además, el retiro de firmas no solo se limita a mociones de interpelación. También se ha observado en iniciativas de censura y vacancia, lo que sugiere una estrategia más amplia para debilitar la fiscalización del gobierno. Este comportamiento plantea interrogantes sobre la ética y la responsabilidad de los legisladores en el ejercicio de sus funciones.
La situación actual en el Congreso refleja un entorno político complejo, donde las tácticas de obstrucción pueden prevalecer sobre el debate y la deliberación. A medida que se acercan las elecciones de 2026, es probable que estas dinámicas continúen influyendo en la política peruana, lo que podría tener consecuencias duraderas para la gobernabilidad y la estabilidad del país.
En este contexto, es crucial que los ciudadanos y los actores políticos reflexionen sobre la importancia de mantener un Congreso que funcione como un verdadero contrapeso al poder ejecutivo. La transparencia en el proceso legislativo y la rendición de cuentas son fundamentales para fortalecer la democracia en Perú. La práctica del retiro de firmas debe ser revisada y, si es necesario, regulada para garantizar que no se convierta en un obstáculo para la fiscalización y el control político.
La situación actual en el Congreso es un recordatorio de la necesidad de un compromiso renovado con la ética y la responsabilidad en la política peruana. Solo a través de un diálogo abierto y constructivo se podrá avanzar hacia un sistema más justo y representativo.
