El expresidente Martín Vizcarra ha decidido no asistir a la sesión de la Comisión Permanente del Congreso programada para el 12 de marzo, donde se discutirá un informe final relacionado con la disolución del Parlamento en septiembre de 2019. En un documento dirigido al presidente del Congreso, Eduardo Salhuana, Vizcarra argumenta que el informe aprobado por la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC) infringe los principios de seguridad jurídica y de res judicata, es decir, la cosa juzgada.
Vizcarra, quien ocupó la presidencia de 2018 a 2020, ha sido objeto de críticas y acusaciones por su decisión de disolver el Congreso, una acción que ha sido objeto de debate legal y político desde entonces. En su comunicación, el exmandatario subraya que el informe desconoce los efectos de una sentencia del Tribunal Constitucional (TC) emitida en enero de 2020, que validó su decisión de disolver el Congreso.
El informe en cuestión no solo afecta a Vizcarra, sino que también incluye a otros exfuncionarios, como los expresidentes del Consejo de Ministros, Salvador del Solar y Vicente Zeballos, quienes enfrentan acusaciones similares. La SAC sostiene que Vizcarra y sus excolaboradores infringieron el artículo 134 de la Constitución Política, que regula la disolución del Congreso.
En su defensa, Vizcarra argumenta que el TC ya se pronunció sobre la constitucionalidad de su decisión y que el Congreso actual está actuando de manera ilegal al cuestionar su mandato. En su opinión, la falta de reconocimiento de esta sentencia por parte del Congreso representa una forma de persecución política.
El exmandatario ha enfatizado que no puede convalidar con su presencia un proceso que considera ilegal y que atenta contra la institución de la cosa juzgada. En su declaración, también menciona que el TC determinó que la disolución del Congreso fue constitucional, lo que refuerza su posición de que el actual Congreso está actuando en contra de la ley.
La situación se complica aún más con la proximidad de las elecciones generales de 2026, donde la figura de Vizcarra podría ser relevante. Su ausencia en la sesión del Congreso podría interpretarse como una estrategia para evitar un enfrentamiento directo con sus críticos y mantener su imagen ante el electorado.
El informe que se discutirá en la Comisión Permanente no solo aborda la disolución del Congreso, sino que también incluye otros aspectos relacionados con la gestión de Vizcarra durante su mandato. La discusión sobre este informe ha generado un intenso debate político, con diferentes sectores del Congreso tomando posiciones encontradas sobre la legalidad de las acciones de Vizcarra.
Por otro lado, la situación de Vizcarra no es única en el contexto político peruano, donde otros exmandatarios y funcionarios han enfrentado acusaciones y procesos legales. La polarización política en el país ha llevado a que muchos vean estos procesos como parte de una estrategia más amplia para deslegitimar a ciertos líderes políticos.
El Congreso, por su parte, ha defendido su derecho a investigar y sancionar a exfuncionarios, argumentando que es parte de su función de control político. Sin embargo, las críticas hacia el Congreso han aumentado, con muchos ciudadanos cuestionando su capacidad para actuar de manera imparcial y objetiva.
La situación de Martín Vizcarra es un reflejo de la complejidad del panorama político en Perú, donde las decisiones de los líderes y las instituciones están constantemente bajo el escrutinio público. A medida que se acercan las elecciones de 2026, es probable que este tipo de controversias continúen dominando el debate político en el país.
