El Congreso de la República del Perú ha aprobado recientemente una modificación a la legislación que regula la supervisión y fiscalización de las organizaciones no gubernamentales (ONG). Esta decisión, tomada el 12 de marzo de 2025, ha generado un amplio debate en la sociedad civil y entre diversos sectores políticos, dado que se considera que puede tener un impacto significativo en la operatividad de estas entidades.
La modificación fue aprobada con 82 votos a favor, 16 en contra y 4 abstenciones, y se centra en la Ley 27692, que establece la creación de la Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI). El objetivo declarado de esta reforma es fortalecer el trabajo de la APCI y mejorar la supervisión de los recursos que reciben las ONG de la cooperación técnica internacional.
El nuevo texto establece que las ONG deben inscribirse en un registro público que lleva la APCI, donde deberán detallar los planes, proyectos y actividades que desarrollan con los fondos de cooperación. Además, se plantea que cualquier contrato o acto administrativo que el Estado celebre con estas organizaciones debe contar con la conformidad previa de la APCI.
Este cambio ha suscitado críticas por parte de diversas organizaciones y expertos en derechos humanos, quienes argumentan que la ley podría restringir la capacidad de las ONG para operar de manera efectiva. La excongresista Rocío Silva Santisteban ha señalado que esta normativa podría impedir que se utilicen fondos de cooperación para investigar delitos de lesa humanidad cometidos por el Estado, lo que podría tener repercusiones graves en la defensa de los derechos humanos en el país.
Por otro lado, el Consejo de la Prensa Peruana ha expresado su preocupación, afirmando que la ley podría convertirse en una herramienta de censura para los medios de comunicación que fiscalizan el poder. En este sentido, embajadas de 16 países, incluyendo Alemania, Estados Unidos y la Unión Europea, han emitido un comunicado en el que manifiestan su inquietud por las enmiendas propuestas, argumentando que estas limitarían la capacidad de la sociedad civil para operar en un entorno democrático y saludable.
Las organizaciones que trabajan en la defensa de los derechos humanos, la democracia y la libertad de expresión han manifestado que esta ley podría ser un intento de limitar el derecho de asociación y participación ciudadana. La asociación civil Transparencia también ha criticado la iniciativa, considerándola un grave atentado contra la libertad de las organizaciones civiles, empresariales y religiosas.
A pesar de las críticas, el Congreso ha defendido la necesidad de regular las ONG para asegurar que los recursos de cooperación se utilicen de manera adecuada y transparente. Sin embargo, muchos consideran que la forma en que se ha abordado esta reforma podría tener un efecto negativo en la confianza de la sociedad civil y en la colaboración entre el Estado y las ONG.
El debate sobre esta ley refleja una tensión más amplia en la política peruana, donde la relación entre el gobierno y la sociedad civil ha sido históricamente compleja. La aprobación de esta modificación podría ser vista como un paso hacia una mayor regulación y control sobre las ONG, lo que podría tener implicaciones a largo plazo para la democracia y la participación ciudadana en el país.
En este contexto, es fundamental que se mantenga un diálogo abierto y constructivo entre el Estado y las organizaciones de la sociedad civil, para garantizar que se respeten los derechos y libertades fundamentales, y que se promueva un entorno en el que todas las voces puedan ser escuchadas y tenidas en cuenta. La forma en que se implementen estas reformas y se gestione la relación entre el gobierno y las ONG será crucial para el futuro de la democracia en Perú.
