El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) ha establecido nuevas regulaciones que afectan a los altos funcionarios que deseen postularse en las Elecciones Generales de 2026. Esta normativa es crucial, ya que incluye a la presidenta de la República, ministros, gobernadores y alcaldes, así como a otros trabajadores y funcionarios del Estado.
Los altos funcionarios que aspiren a ser candidatos deben presentar su renuncia a más tardar el 13 de octubre de 2025, lo que representa un plazo de seis meses antes de la fecha de los comicios. Esta medida busca garantizar la transparencia y la equidad en el proceso electoral, evitando que quienes ocupan cargos públicos utilicen su posición para influir en los resultados.
La normativa también especifica que la renuncia de la presidenta y de los ministros debe ser presentada ante el Congreso, mientras que otros altos funcionarios deben hacerlo en la entidad pública correspondiente. Esta formalidad es esencial para que el JNE pueda verificar que todos los candidatos cumplen con los requisitos establecidos.
Además, los gobernadores y vicegobernadores regionales tienen un plazo similar para renunciar, debiendo presentar su solicitud ante el consejo regional y al JNE. En caso de que ambos renuncien, el consejo regional deberá elegir a sus reemplazos, asegurando así la continuidad del gobierno regional.
Por otro lado, los alcaldes también están obligados a renunciar ante su concejo respectivo y al JNE, lo que garantiza que no haya conflictos de interés durante el proceso electoral. Esta medida es parte de un esfuerzo más amplio para fortalecer la integridad del sistema electoral peruano.
Los trabajadores y funcionarios de los poderes públicos que deseen postularse deben solicitar licencias sin goce de haber, lo que implica que no recibirán su salario durante el tiempo que estén en campaña. Esta disposición busca evitar que los funcionarios utilicen recursos públicos para su beneficio personal durante el proceso electoral.
La normativa también establece que estas licencias deben ser solicitadas con al menos 60 días de antelación a las elecciones, es decir, a partir del 11 de febrero de 2026. Esto asegura que los funcionarios tengan tiempo suficiente para organizar su campaña sin interferir en sus responsabilidades laborales.
El JNE ha enfatizado la importancia de estas regulaciones como parte de su compromiso con la transparencia y la equidad en el proceso electoral. La implementación de estas normas es vista como un paso positivo hacia la mejora del sistema democrático en Perú, donde la confianza en las instituciones es fundamental para el desarrollo político y social del país.
En resumen, las nuevas regulaciones del JNE para las Elecciones Generales de 2026 establecen plazos claros y procedimientos específicos que deben seguir los altos funcionarios que deseen postularse. Estas medidas buscan garantizar un proceso electoral justo y transparente, contribuyendo a la consolidación de la democracia en Perú.