El exmandatario Pedro Castillo enfrenta una nueva denuncia constitucional presentada por el congresista Alejandro Cavero, quien lo acusa de infracción a varios artículos de la Constitución peruana, así como de los delitos de rebelión y conspiración. Esta denuncia se suma a la que ya había sido presentada en enero de este año, lo que refleja la persistente atención que el caso ha generado en el ámbito político y judicial del país.
La denuncia, formalizada el 20 de marzo, sostiene que Castillo cometió una serie de infracciones al intentar disolver el Congreso de manera unilateral en diciembre de 2022. Según el documento, este acto no solo representa una violación constitucional, sino que también atenta contra la estructura democrática y la separación de poderes, principios fundamentales del sistema político peruano.
Cavero ha solicitado que se imponga la máxima sanción de 10 años de inhabilitación para el exmandatario, argumentando que sus acciones son de tal gravedad que justifican esta medida. Además, se pide que la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso remita el caso al Ministerio Público para que se tomen las acciones penales correspondientes.
El contexto de esta denuncia se enmarca en el juicio que actualmente enfrenta Castillo, donde se le acusa de varios delitos relacionados con su intento de golpe de Estado. La Fiscalía de la Nación ha solicitado penas severas, incluyendo 34 años de prisión para Castillo y 25 años para algunos de sus exministros, como Betssy Chávez y Willy Huerta, quienes también están implicados en el caso.
Durante las audiencias, se han presentado testimonios que confirman el papel activo de Castillo en la ejecución de su mensaje golpista. Testigos han declarado que el exmandatario dio órdenes a la Policía Nacional del Perú para llevar a cabo su plan, lo que ha complicado aún más su situación legal. La defensa de Castillo ha argumentado que no tenía los votos necesarios para disolver el Congreso, lo que ha sido considerado por algunos como una justificación insuficiente para sus acciones.
El juicio ha continuado con la presentación de pruebas y testimonios que buscan esclarecer el grado de responsabilidad de Castillo y sus colaboradores en el intento de golpe. La situación ha generado un intenso debate en el Congreso y en la opinión pública, donde se cuestiona la estabilidad política del país y el respeto a las instituciones democráticas.
La denuncia de Cavero no solo busca sancionar a Castillo, sino también enviar un mensaje claro sobre la defensa de la democracia en Perú. En su declaración pública, el congresista enfatizó la importancia de proteger las libertades y derechos de los ciudadanos, afirmando que «nuestra libertad y democracia se defienden siempre».
Mientras tanto, el exmandatario permanece en prisión preventiva, a la espera de que se resuelva su situación legal. La atención sobre su caso no parece disminuir, y las repercusiones políticas continúan afectando a otros actores del gobierno y del Congreso. La situación de Castillo es un recordatorio de los desafíos que enfrenta la democracia peruana en un contexto de polarización y crisis institucional.
En este escenario, la respuesta del Congreso y del sistema judicial será crucial para determinar el futuro político de Castillo y el rumbo de la política peruana en los próximos años. Las decisiones que se tomen en relación a esta denuncia y al juicio en curso tendrán un impacto significativo en la percepción pública sobre la justicia y la gobernabilidad en el país.
